El Supremo anula la condena a cuatro mandos militares y un empresario por corrupción

El Supremo ha ordenado repetir la sentencia del Tribunal Militar Central que en abril pasado condenó a penas que oscilan entre tres meses y tres años de cárcel a cuatro mandos militares y un empresario como miembros de una trama que adjudicaba ilegalmente contratos de la Inspección General de Sanidad (Igesan) del Ministerio de Defensa a cambio de mordidas, favores y prebendas.

Según el Supremo, la sentencia incurre “en una insuficiente argumentación de los razonamientos utilizados para avalar la tesis acusatoria”, por lo que vulnera “el derecho a la tutela judicial efectiva”. No se trata de que los condenados tengan razón, “que pudiera ser o no ser así”, sino de que el Supremo no puede pronunciarse, ya que “para ello tendría que bucear directamente en el acta o la grabación del juicio y en la profusión de folios” del sumario, al “resultar totalmente insuficientes las razones ofrecidas en la sentencia”.

En consecuencia, anula la sentencia y ordena al Tribunal Militar Central que redacte una nueva “acorde a las exigencias de las garantías y prescripciones que se consideran desatendidas”.

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La sentencia ahora anulada aseguraba que un teniente coronel de Intendencia y un teniente, ambos destinados en el Igesan, idearon un sistema para amañar contratos a cambio de comisiones: fraccionaban el importe de las adjudicaciones, recurrían al concurso negociado sin publicidad o manipulaban el pliego de prescripciones técnicas a cambio de un “beneficio exorbitante” para el empresario, que entregaba el 50% de los mismos a los dos mandos militares. Los contratos presuntamente adjudicados por este sistema sumarían 176.816 euros entre los años 2009 y 2013.

El tribunal impuso tres años de cárcel al teniente coronel y dos al teniente, así como seis meses a otro teniente coronel responsable de inspeccionar la actividad económica de la unidad, quien “no solo permitió lo que estaba ocurriendo, siendo conocedor de ello, sino que se lucró”. Al empresario, quien denunció a los militares, le condenó a tres meses por cohecho; y al coronel jefe de la administración económica de la Igesan a seis meses, aunque no se probó que recibiera comisiones ni conociera su existencia, pues lo considera “responsable último de todo lo que pasaba en la contratación”.

Antonio Suárez-Valdés, abogado del coronel, ya fallecido, y del teniente se ha congratulado de que el Supremo haya anulado una sentencia que no fundamentaba la condena de sus clientes.