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La juez del máster de Cifuentes investiga también el título de Pablo Casado

El portavoz del PP reconoció que había obtenido la titulación sin ir a clase y cursando solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones

Pablo Casado muestra uno de sus trabajos en el máster.

La juez que instruye el caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una pieza separada para esclarecer las dudas en torno al máster del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que obtuvo el mismo título que la expresidenta madrileña pero antes, según una providencia redactada por la magistrada este lunes. A raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, Casado admitió que hizo el máster sin ir a clase y que solo cursó cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones, que además aprobó mediante trabajos.

Pablo Casado asegura que cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), como el de Cifuentes, aunque antes, en 2008 y 2009, pero dijo en un principio a EL PAÍS que no recordaba si asistió a clase ni si hizo los exámenes. Este máster figura en su currículum oficial en su ficha como diputado del Congreso.

La decisión de la magistrada de investigar el master de Casado llega después de tomar declaración, el pasado lunes, al periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es, que publicó el supuesto fraude del master de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. La juez Rodríguez-Medel exige a la Universidad Rey Juan Carlos "toda la documentación" relativa a las asignaturas que le fueron convalidadas a Casado, las materias que cursó, las matrículas abonadas y el título que le fue expedido, según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico.

La juez estudia reclamar el tráfico de llamadas del acta de Cifuentes

La juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel profundiza en la investigación del acta supuestamente falsificada del Trabajo de Fin de Master de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. En su última resolución, la magistrada pregunta a la fiscalía "sobre la conveniencia de recabar los datos de tráfico telefónicos" del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde, de las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas aparecen en el acta, y de María Teresa Feito, la asesora de Cifuentes que supuestamente presionó para que se justificara que la expresidenta cursó el máster.

Todos ellos están imputados en la causa abierta por la juez Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid. La magistrada se plantea solicitar las llamadas entrantes y salientes de los cuatro el día 21 de marzo -cuando se presentó públicamente el acta falsificada tras las primeras informaciones sobre el fraude en el master de Cifuentes- "con identificación del titular del teléfono".

El vicesecretario de Comunicación del PP admitió tras destapar EL PAIS las supuestas irregularidades en su máster de Derecho Autonómico que no dispone del certificado de notas ni del diploma con el título porque no llegó a ir a recogerlos a la secretaría. Ahora la juez instructora, solicita a la universidad esta documentación.

Casado argumentó que el curso, anterior a la adaptación de las normas europeas del plan Bolonia, aplicada en 2009, no exigía esos requisitos con rigidez y no es un máster, es un plan de preparación del doctorado. No obstante, fuentes universitarias y docentes de ese máster en esos años lo niegan. Afirman que, si bien la categoría del curso era distinta, eso no cambia la obligación de ir a clases —eran de lunes a viernes, en dos cuatrimestres con 14 asignaturas—, realizar los exámenes y el trabajo de fin de máster. Este trabajo aún no recibía esa denominación, era una tesina, dirigida por un tutor, que se defendía ante un tribunal.

En las explicaciones que Casado dio en rueda de prensa en respuesta a las informaciones de EL PAÍS, repitió una frase: “Hice lo que me pidieron”. Lo que le pidió, en concreto, Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público (IDP) que organizó el curso y, tres años más tarde, el de Cristina Cifuentes, continuación del anterior. Casado admitió que no asistió a las lecciones, no hizo exámenes y tampoco un trabajo final con tribunal porque así se lo indicó Álvarez Conde, destituido e imputado en el caso Cifuentes.

Casado, cuyo currículum contiene exageraciones sobre sus posgrados en Estados Unidos, admitió que no llegó a entablar contacto con los profesores ni supo quiénes eran. Solo habló con Álvarez Conde, de quien obtuvo la "flexibilidad" que necesitaba para realizar el máster. 

Clases presenciales y exámenes

Dos alumnas del curso anterior, 2007-2008, regido por el mismo real decreto, con asignaturas iguales e idéntica estructura, confirmaron a este periódico que su experiencia fue otra: tenían clase, exámenes y en la asignatura llamada Itinerario, una práctica de investigación, las lecciones y el seguimiento del profesor eran imprescindibles. Culminaba con una tesina defendida ante un tribunal de tres docentes. El curso posterior al de Casado también hubo exámenes y trabajo final. En resumen, en su año se habría hecho una excepción, aunque reconoció a los periodistas que no sabía lo que se exigió al resto de alumnos. La URJC no ha querido aclararlo.

“Claro que íbamos a clase, todas las tardes, de 15.45 a 19.30, de lunes a viernes. Por supuesto que hacíamos exámenes. Mi trabajo de fin de Itinerario fue de 155 folios”, relataba una de las alumnas, que prefiere mantenerse en el anonimato.

La juez revisará la documentación en esa pieza separada y puede llamar a testigos e imputados, no así a Casado, quien goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo por su condición de diputado. En el caso de que haya indicios contra el político,deberá elevar una exposición razonada al alto tribunal.

La juez ha abierto además otra pieza adicional, en la que revisará todos los expedientes académicos desde el curso 2009-2010 hasta la extinción del máster. La universidad tiene siete días para entregar las actas de todos los alumnos con la correspondiente calificación y la documentación relativa a las convalidaciones.

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.

Rodríguez-Medel interrogó el jueves a la profesora Cecilia Rosado, acusada de falsificar las firmas de las otras dos integrantes del tribunal. Rosado denunció que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, la coaccionó para que "arreglara" el asunto. Al día siguiente, la juez imputó a Cifuentes por falsedad documental y cohecho.

Para el 6 de junio están citados como testigos los nueve alumnos que se beneficiaron de la convalidación de notas en tres asignaturas y, como imputado, Álvarez Conde. El 26 comparecerá Cifuentes también como imputada.

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