Cristina Cifuentes, investigada por falsedad en documento público y cohecho por el caso del máster

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido citada en calidad de investigada por falsedad en documento publico y cohecho en relación con el caso del máster fraudulento de la Universidad Rey Juan Carlos, según fuentes judiciales. La exlíder del PP madrileño ha sido citada a declarar el próximo 26 de junio en juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Tanto el cohecho como la falsedad en documento público se castigan respectivamente con penas de prisión de entre tres y seis años.

El Código Penal, en su artículo 419, prevé penas de prisión de entre tres y seis años y de inhabilitación de nueve a doce años para la "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase" o "aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo" o "para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar". El artículo 424 castiga con la misma pena al "particular" que "ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo".

Tras el escándalo de su máster, Cifuentes (Madrid, 1964) ha abandonado todos su cargos públicos y políticos y ha solicitado reincorporarse a su puesto en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La difusión de un vídeo de 2011 de un supuesto hurto de Cifuentes terminó forzando su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Según un portavoz de la universidad, Cifuentes presentó un escrito de renuncia a la excedencia que se le había concedido por ostentación de cargo público. Cifuentes es funcionaria de la Complutense desde hace 27 años.

La titular del Juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decidió ayer jueves que la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos, que negó haber presidido el tribunal de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid pasara a estar como investigada en la causa.

La profesora había declarado ante la juez, pero en calidad de testigo. En el marco de las declaraciones, la magistrada decidió cambiar su situación a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.