El Gobierno confía en que el nuevo ‘president’ cumpla la ley

Máxima preocupación en el Gobierno al escuchar este sábado el discurso de investidura, fallida en esa primera votación, del candidato Quim Torra. Su alejamiento del marco autonómico y la defensa de un proyecto que conduzca a la república catalana motivó la crítica y un aviso de Moncloa. El Ejecutivo se prepara para “reparar” la vulneración del orden constitucional ante un discurso “frentista” que ignora a la mitad de los catalanes. Aun así, Rajoy aguarda ”a los hechos” antes dar por seguro que el nuevo Gobierno catalán incumplirá la ley.

Más información

La oposición cree que el discurso relega a la mitad de la población

El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, aunque era previsible para el Gobierno, ocasionó desasosiego y máxima preocupación. No esperaban que fuera a abrazar la Constitución y abjurar del proceso secesionista, pero la reiteración expresa del candidato contra la vía autonomista y el comienzo del camino hacia la república catalana indujo a pensar en la extrema dificultad de que Cataluña se acerque a corto plazo a un mínimo de normalidad. Con la sesión del sábado, el Gobierno se sintió obligado de inmediato a mostrar firmeza aunque el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siguió su propio camino: “Hay que esperar a los hechos, y no solo a las palabras. Si hay ilegalidades, el Gobierno actuará de inmediato”, aseguró nada más producirse el discurso del candidato independentista

“Lo que hemos visto y hemos escuchado no nos gusta. No es representativo de lo que es Cataluña, pero vamos a juzgarle por sus hechos, si es elegido”. Estas fueron las palabras de Mariano Rajoy en la gaditana ciudad de Jerez de la Frontera, en la que dio su parecer sobre los planteamientos políticos del aspirante a presidir la Generalitat, informa, Jesús A. Cañas.

El resquicio que Rajoy deja a la posibilidad de que el Govern, que previsiblemente se forme la próxima semana, no incumpla la ley no es impostado sino que realmente lo cree posible. La respuesta del Estado a las ilegalidades cometidas por el Gobierno de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament induce a pensar que no volverán a desafiar al Estado con la presentación de leyes concretas de desconexión.

Estas previsiones están por verificar, pero lo concreto fue el discurso rupturista de Torra al que el Gobierno se vio en la necesidad de responder de manera inmediata. “Ante las palabras del candidato y en defensa de la legalidad de Cataluña y de los derechos de todos los catalanes y del conjunto de los españoles, este Gobierno estará muy vigilante de los actos del candidato y de su posible Gobierno. Cualquier ilegalidad será reparada y cualquier vulneración de nuestro marco constitucional será respondida”, difundió en un comunicado oficial.

Para el Ejecutivo fue “un discurso frentista, un discurso de pasado y un discurso alejado de lo que la inmensa mayoría de catalanes, moderados y constructivos, quieren para el momento presente y para la Cataluña del futuro”. Da por supuesto que el aspirante a presidir la Generalitat, “no se ha presentado como el presidente que merecen y que necesitan los catalanes. Ha renunciado a gobernar para todos ellos y a conectar con lo que la sociedad demanda en el momento actual”.

Esta visión gubernamental conecta con los discursos que ayer se escucharon en el Parlamento de Cataluña de los representantes constitucionalistas. “La sociedad catalana merece recuperar la normalidad y el sosiego, y superar la fractura social en la que ahondan las palabras del candidato. Se instala de nuevo en un discurso sectario y divisorio, renunciando a gobernar para el conjunto de los catalanes y alentando las tensiones que tanto daño han hecho a Cataluña, a su cohesión social y a su desarrollo económico”.

Unidad de España

La figura de Carles Puigdemont en la tutela del aspirante a presidente es otra de las líneas de reproche del Gobierno. “Frente a los valores y métodos de nuestra democracia, su candidatura y sus palabras son la constatación de una suerte de cesarismo, impropio del siglo XXI, que supedita al interés personal de un individuo al interés general de todos los ciudadanos. Porque es autocrático y excluyente quien relega el bien común a sus necesidades políticas y a sus urgencias personales”, reseña el Gobierno central.

Si es elegido, finalmente, a la espera de la decisión de la CUP, el Gobierno central mantendrá su llamada para empezar el diálogo sobre demandas concretas de Cataluña. Esa llamada choca desde ayer con el discurso de Torra a pesar de que se mostró dispuesto a hablar con Mariano Rajoy. Este trató de tranquilizar el ambiente ayer al reiterar su defensa a ultranza de la “la unidad de España y la igualdad de los españoles”.