A la caza de un pedófilo en la ‘deep web’

En junio de 2017 tuvo lugar una pelea en las inmediaciones de un colegio en Granada. No hay muchos más datos. Sí se sabe que un joven de 26 años, que se vio envuelto en ella, perdió el teléfono móvil en su huida. Un hombre lo encontró horas después. Se trataba de un móvil sin tarjeta telefónica ni código de desbloqueo, así que esta persona entró en él para buscar algún número al que poder llamar para contactar al propietario. Lo que se encontró fue una galería de imágenes de niños desnudos de todas las edades, de seis meses en adelante; imágenes en algunos casos aberrantes, como afirman los investigadores que contabilizaron los archivos: 63.000 fotografías de menores.

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La persona que encontró el dispositivo, vecino del pueblo de Armilla, dejó el móvil en el cuartel de la Guardia Civil. Desde allí fue enviado al Equipo de Delitos Tecnológicos (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Y sus cuatro integrantes, que han hablado con EL PAÍS, comenzaron entonces una operación (Operación Darkto, de dark to, “va hacia la oscuridad”) hasta desentrañar el misterio sin ninguna pista del propietario.

Tenían claro, eso sí, dónde desplegar el dispositivo: la deep web, la Internet profunda, el contenido de la red no indexado por los motores de búsqueda. El lugar virtual en el que, entre otros delitos, se puede encontrar tráfico de órganos, ofrecimiento de sicarios, compraventa de drogas, intercambio de pornografía infantil, manuales sobre cómo fabricar explosivos, armas o munición… “Cualquier tipo de delito que se pueda uno imaginar, lo encuentra”, dicen los agentes de la Edite.

El equipo, tras una solicitud al juzgado para hacer un volcado del teléfono, extrajo los datos y clonó el móvil. Bit a bit se trasladó toda la información a un archivo externo mediante un dispositivo que se llama UFED [Universal Forensic Extraction Device]. “Eso nos da la preservación de la prueba para que no haya ninguna modificación ni anterior ni posterior a la investigación. Queda constancia de que se preserva la prueba tal y como está”, cuenta Elías (nombre ficticio).

Los agentes de la Guardia Civil empezaron a trabajar con esa réplica del móvil. Y se dirigieron a la Internet profunda, el único lugar en el que podían desentrañar datos que llevasen a él. Para ello se necesita que alguien les dé autorización. “No es que llegues tú de primeras y te metas. Va boca a boca. Es que no hay nada indexado en la deep web. No hay un buscador que diga: ‘Armas’ y te dé un listado de páginas. Es todo muy siniestro, muy selectivo”, explican. Una de las formas que hay para trabajar en esta red es mediante el agente informático encubierto. Y, en cualquier caso, la privacidad es fundamental. “Si entras tienes que hacerlo con seguridad; si no, estás frito. Allí nadie es quien dice ser ni nada es lo que parece ser. Te crees que estás comprando armas y a lo mejor has dado con un hacker que mientras te tiene entretenido te está sacando información, datos, tu IP; de tu ordenador te ha sacado todas las fotografías y toda tu vida para luego venderla allí mismo”.

Después de varios meses de trabajo en la deep web, visitando foros con el material requisado e infiltrándose en el submundo de la pornografía infantil, el equipo de la Edite reunió datos suficientes para identificar al propietario del teléfono perdido. Habían dado con un dominio en el que se almacenaban miles de archivos de pornografía infantil que él intercambiaba con otras personas. A partir de ahí tiraron del hilo.

Lo detuvieron hace un mes en Granada. Llamaron a la puerta de su piso. Una familia de clase media, trabajadora, humilde. “Están muy afectados”, dicen los agentes. El chico vivía con sus padres. La Edite le intervino varios equipos informáticos con más archivos de contenido pedófilo e investigaron en el material intervenido si había más personas vinculadas a su actividad.

Con el Código Penal nuevo, la simple pretensión de quedar con un menor, sin llegar a quedar, es tentativa de delito. Las penas por almacenar material pornográfico infantil varían de la tenencia a la tenencia y distribución y a la producción. La pena por tenencia y distribución, en los casos sin agravantes, es de entre cinco y nueve años. No hay pruebas, sin embargo, de que el detenido distribuyese, por lo que se enfrentaría a un máximo de seis años de prisión.