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El PP paraliza la renovación de RTVE

El Congreso y el Senado reclaman nuevos informes jurídicos y dilatan así los plazos para celebrar el concurso público

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez.
El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez. EFE

Las Mesas del Congreso y el Senado se han reunido este jueves para tomar una decisión sobre el concurso público para la renovación de la cúpula de RTVE, tras el pacto alcanzado el mes pasado por PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos. La falta de acuerdo entre el PP y el resto de los grupos sobre el método de votación que deben adoptar las Mesas del Congreso y el Senado ha provocado ahora la paralización del proceso para la elección del nuevo consejo de administración.

La reunión convocada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha terminado en fracaso y con una nueva petición de informes jurídicos a los letrados de las Cortes que amenaza con dilatar aún más el relevo en RTVE.

Pastor se propone ahora pedir un informe jurídico sobre el documento pactado por PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos al considerar que no reúne garantías. Según fuentes del Congreso, se trata de un borrador con omisiones y “sin las normas básicas que rigen cualquier concurso” que hay que adecuar jurídicamente para evitar impugnaciones que podrían alargar más si cabe el proceso. Es la Mesa conjunta la que tiene que desarrollar el reglamento y no los grupos que han alcanzado el acuerdo, añaden estas fuentes para argumentar que no era posible asumir el documento sin aval jurídico. Además, insisten en que no hay precedentes de que una mesa conjunta vote, como defienden PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos, salvo en el caso de algunos miembros que han defendido su abstención.

Por su parte, la Mesa del Senado pedirá dos informes a sus servicios jurídicos: uno sobre la viabilidad del procedimiento de concurso público propuesto por la oposición y otro sobre la fórmula de votación que habría que aplicar en la decisión final de Mesas conjuntas en el caso. Se desconoce cuánto tiempo puede tardar la elaboración de estos informes.

El PP tiene la llave para desbloquear la situación. Mientras que en el Congreso la unión de las tres principales  fuerzas de oposición pueden sacar adelante el proceso para elegir los seis consejeros que designa la Cámara baja, en el Senado el PP tiene una aplastante mayoría, capaz de bloquear la designación de cuatro consejeros que corresponde nombrar a la Cámara alta.

Podemos ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad mientras que Ciudadanos ha hablado de un nuevo acto de "filibusterismo parlamentario".

Los Consejos de Informativos de RTVE expresaron su indignación por las "maniobras dilatorias" para retrasar y terminar por paralizar la renovación de los máximos órganos de la corporación. "Ignorando la costumbre de que la mesa conjunta Congreso-Senado tome sus decisiones por mayoría en votación conjunta, la presidenta del Congreso, Ana Pastor ha impuesto una votación separada para cada una de las mesas del Parlamento. Es difícil no interpretar en esta decisión una actuación de parte", sostienen los representantes de los periodistas. En un comunicado difundido este jueves, expresan sus dudas acerca del "espíritu democrático" del PP.

Tanto las bases del concurso para elegir al presidente y a los miembros del consejo de administración como el calendario fueron pactadas por los tres grupos de la oposición hace un mes. Se dieron un plazo de 60 días para renovar los órganos de gestión de la corporación con el objetivo de que el nuevo equipo estuviera operativo antes del verano. El mandato del actual presidente, José Antonio Sánchez, expira el próximo  junio.

Este acuerdo venía a desencallar la renovación de RTVE, que ha estado en vía muerta durante cuatro meses. En diciembre concluyó el plazo estipulado por la ley para aprobar el reglamento por el que debía regirse el concurso público para la elección de la nueva cúpula. Tras constantes solicitudes de informes jurídicos para decidir la manera de salir de esta situación de parálisis, a finales del pasado marzo PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos suscribieron un acuerdo para poner en marcha el concurso.

Tras la convocatoria pública, el documento pactado a tres bandas establecía que se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que los aspirantes presenten sus candidaturas. Se exige como requisitos que sean mayores de edad, de nacionalidad española, de la UE o con especial arraigo en España, con reconocida competencia profesional en la comunicación y que no estén incursos en causa de incompatibilidad.

En el plazo de un mes después de la convocatoria serán seleccionados los candidatos al consejo que corresponde votar en el Congreso, que comparecerán en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. Una semana más tarde se producirá el mismo proceso en el Senado. Una vez elegidos los consejeros, se procederá en la Cámara baja a seleccionar al presidente, que previamente deberán exponer su proyecto de gestión ante los diputados.

El comité de expertos que efectuará la primera selección estará compuesto entre 15 y 17 expertos, "de reconocida competencia profesional, docente o investigadora en el ámbito de la comunicación y con experiencia acreditada en el mismo no inferior a 10 años". Este comité de expertos será paritario y designado por diputados y senadores. Aquellos que aspiren a ocupar la presidencia de RTVE deberán presentar un proyecto de gestión.

Entre los seis consejeros que nombra el Congreso está incluido el presidente de la corporación. Si en una primera votación no obtienen el respaldo de dos tercios de los parlamentarios se efectuará una segunda ronda, en la que solo se requiere mayoría absoluta y el respaldo de la mitad de los grupos parlamentarios.

Las dudas jurídicas

Las dudas sobre el acuerdo suscrito por PSOE, Unidos-Podemos y  Ciudadanos sobre el procedimiento para la renovación del presidente de RTVE y del consejo de administración del grupo estatal de comunicación serán consultadas a los servicios jurídicos del Parlamento.

Fuentes del Congreso asegura que las principales cuestiones a dilucidar se centran en los siguientes aspectos:

- ¿Es esta propuesta de norma contraria (o incompatible) a algunos preceptos de la normativa que desarrolla? ¿Se ajusta a la ley?

- ¿Cumple este proyecto de norma con las garantías necesarias para el normal desarrollo de un proceso de concurso público?

- ¿Otorga este texto competencias excesivas al Comité de Expertos, en contra de lo que establece la ley?

- ¿Existen conceptos imprecisos en el establecimiento de los requisitos a cumplir por los candidatos?

- ¿El modo en que está redactado abre la posibilidad a que se dé una interpretación discrecional por parte del Comité de Expertos?

- ¿El modelo de elección y votación que se plantea invade competencias de las Mesas Conjuntas en cuanto a su funcionamiento?