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La libertad de prensa en España retrocede por la crisis catalana

Reporteros sin Fronteras denuncia que el referéndum ilegal del 1 de octubre generó un "ambiente asfixiante" para los periodistas

Rosario G. Gómez
Manifestación en protesta por el asesinato del periodista Jan Kuciak y su novia.
Manifestación en protesta por el asesinato del periodista Jan Kuciak y su novia. Ronald Zak (AP)

La crisis de Cataluña ha contribuido al empeoramiento de la libertad de prensa en España en la clasificación mundial que elabora Reporteros sin Fronteras (RSF). Esta organización señala que el referéndum ilegal del 1 de octubre "exacerbó las tensiones y creó un ambiente asfixiante para los periodistas". Además, observa que "el desinhibido discurso de las autoridades catalanas hizo que aumentara el acoso en las redes sociales contra los periodistas no independentistas".

Una de las consecuencia de este clima de hostilidad es el descenso de España en la clasificación mundial, que pasa del puesto 29 al 31 respecto al año pasado. RSF destaca que los últimos meses de 2017 han sido especialmente oscuros para la libertad de prensa en Cataluña. "Los periodistas fueron víctimas colaterales del conflicto entre el Gobierno central y el catalán, creado por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia", dice la organización.

Recuerda RSF que un gran número de periodistas de medios no independentistas han sufrido linchamientos en las redes sociales, a veces impulsados por responsables de prensa del Gobierno catalán. Y remarca que varios periodistas fueron agredidos físicamente durante la cobertura de la consulta ilegal y otros fueron intimidados en su trabajo por la policía. "Las multitudes furiosas han obstaculizado el trabajo de reporteros de todos los canales nacionales y catalanes mientras cubrían las manifestaciones a favor o en contra de la independencia", expone RSF.

La organización que en España preside el periodista Alfonso Armada expresa también su preocupación por la detención en España por orden de Interpol de Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, dos periodistas de origen turco ciudadanos de la Unión Europea y perseguidos por razones políticas por el régimen de Recep Tayyip Erdogan. Pero también hay espacio para las buenas noticias: la reforma la radiotelevisión pública, RTVE, aprobada por consenso en el Parlamento español, debe detener la manipulación de la información en la televisión pública y restaurar su pluralidad e independencia. Otra historia es la llamada ley mordaza, cuya reforma sigue bloqueada, y que sigue representando una fuerte amenaza para la libertad de prensa en España.

En términos globales, el mapa de la libertad de prensa nunca había reflejado tantos países en negro. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, un informe a través del cual la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) evalúa la situación del periodismo en el mundo, muestra en esta edición de 2018 que existe un clima de odio hacia los periodistas cada vez más acentuado. "La hostilidad frente a los medios de comunicación, alentada por ciertos dirigentes políticos, y el deseo de los regímenes autoritarios de exportar su visión del periodismo, amenazan a las democracias", expone la entidad que vela por la libertad de prensa y los derechos de los profesionales.

“Estas manifestaciones de odio contra los periodistas constituyen una de las peores amenazas para las democracias”, según el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Los dirigentes políticos que propician que se deteste al periodismo son responsables de que se cuestione la existencia de un debate público basado en una apreciación plural de los hechos y favorecen el advenimiento de una sociedad de la propaganda. Cuestionar hoy la legitimidad del periodismo es jugar con fuego”, ha explicado con motivo de la publicación de este informe sobre libertad de prensa.

La hostilidad hacia los informadores, según RSF, no solo se manifiesta en países autoritarios como Turquía o Egipto, que han caído en la “fobia a los medios” hasta el punto de acusar de “terrorismo” a numerosos periodistas y de encarcelar de forma arbitraria a los que no les son leales. Estados Unidos también intenta desprestigiar a la prensa desde el poder. Donald Trump se jacta de mantener abierta, y alimentar cada día, la guerra contra los medios de comunicación, a los que considera "enemigos del pueblo".

En estos meses un gran número de periodistas de medios no independentistas han sufrido linchamientos en las redes sociales, a veces impulsados por responsables de prensa del Gobierno catalán y varios reporteros fueron agredidos durante la cobertura del referéndum e intimidados por la policía. "Las multitudes furiosas han obstaculizado el trabajo de reporteros de todos los canales nacionales y catalanes mientras cubrían las manifestaciones a favor o en contra de la independencia", apunta RSF.

Noruega se mantiene en la cima de la libertad de expresión, seguida de Suecia, Países Bajos y Finlandia. Algunos países de la UE experimentan fuertes retrocesos. En Eslovaquia (que cae del puesto 17 al 27) fue asesinado el pasado febrero el periodista Jan Kuciak y la reportera Daphne Caruana Galizia murió el Malta (baja 18 puntos y se coloca en el puesto 65 de la lista) al explotar una bomba en su coche. Tampoco es tranquilizador del mensaje del presidente checo, Milos Zeman, que apareció en una conferencia de prensa con un falso fusil de asalto kalashnikov en el que se leía: “Para los periodistas".

Corea del Norte sigue en último lugar de los 180 países analizados. Y en el furgón de cola se sitúa también Rusia (148) y la red de propaganda alentada por su presidente, Vladímir Putin, a través de medios de comunicación, como RT y Sputnik.

"Cuando no son los déspotas totalitarios, es la guerra la que contribuye a transformar países en agujero negros de la información", apunta RSF, que cita expresamente a Irak (160).

Desde 2002, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa permite conocer la situación y la posición de 180 países, de acuerdo con el pluralismo y la independencia de sus medios de comunicación, el ambiente de trabajo y el grado de autocensura de los periodistas, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura para la producción de información.

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