Patrimonio impide a las familias el acceso al Valle de los Caídos para las primeras exhumaciones

Varias familias descendientes de fallecidos de ambos bandos de la Guerra Civil aguardaban esta mañana en la barrera de entrada al Valle de los Caídos, cerrado el lunes a las visitas, para estar presentes en los primeros trabajos preliminares para la exhumación de cuatro personas. Finalmente, Patrimonio Nacional no les ha dado permiso.

Su abogado, Eduardo Ranz, lo ha solicitado en la puerta y, tras unos minutos de espera un responsable, le ha comunicado que no era posible. Es el último desencuentro en las formas de un tortuoso camino judicial que ha llevado a que la exhumación solo sea posible por la fuerza, con una orden judicial. Es la primera vez que ocurre en democracia, tras seis años de litigio de la familia aragonesa Lapeña —que reclamaba los cuerpos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, fusilados por falangistas,para darles una sepultura digna—, y una sentencia firme de hace dos que obligó a ejecutar la operación a Patrimonio Nacional.

A ella se unieron hace un año otras dos, los parientes de Pedro Gil y Juan González, caídos en el bando franquista. La oposición de Patrimonio, entidad gestora del Valle, y luego del prior de la abadía del recinto, finalmente desautorizado por la jerarquía eclesiástica, han retrasado hasta este lunes los trabajos. De momento, consistirán hoy y mañana simplemente en constatar si se dan las condiciones para la exhumación, ante el deterioro del osario.

Familiares de los Lapeña y Gil, entre otros, han acudido al Valle de los Caídos. “Hoy se abre un camino, lo importante es que muchas otras personas podrán hacer lo mismo”, ha resumido Purificación Lapeña, nieta de Manuel Lapeña. “Es un acontecimiento histórico, y por primera vez la sociedad española va a ser testigo de la entrada en la fosa más gran del mundo, dentro del Estado de Derecho. Si todo va bien culminará con un entierro digno conforme a sus creencias y sus religiones”, ha señalado el abogado, que representa a las cuatro familias.

Otras ocho al menos han realizado idénticas peticiones. La trascendencia estriba en que a partir de ahora las familias de los más de 33.000 difuntos enterrados en el Valle, muchos de ellos sin permiso ni conocimiento de sus allegados, podrán reclamar lo mismo. “No se trata ni de izquierdas ni de derechas, lo que nos une a todos es el mismo camino, el humanitario. Primero lo dijo un juez; luego todos los partidos, todos, se mostraron a favor de la exhumación en el Senado; y unos religiosos fundamentales en este proceso, como el arzobispo de Madrid y el presidente de la Conferencia Episcopal, que entendemos que pertenecen a otra Iglesia. Ha sido un proceso completamente alejado del revanchismo”, ha indicado.

Los trabajos de hoy, según Ranz, no deberían presentar mayores complicaciones, pues se podrían llevar a cabo con pequeños orificios y cámaras milimétricas. “Entendemos que el informe será positivo”, ha apuntado. Serían, en sustancia, los mismos que se realizaron, por ejemplo, para localizar la tumba de Cervantes en Madrid, ha explicado.

En todo caso, destaca que los propios informes de Patrimonio de 2011 señalaban que el acceso a varias zonas, como aquella donde se encuentran los hermanos Lapeña, era aceptable. ¿Si al final no fuera posible recuperar los restos? “Yo me doy por contenta con llevar a mis familiares a su pueblo, Villarroya de la Sierra, en Zaragoza, y si no, que otras familias lo puedan hacer. Y sobre todo que se sepa la verdad. No deberían estar ahí, junto al dictador y en una basílica, porque no eran creyentes”, responde Purificación Lapeña. Su abogado cree que, en caso de que fuera imposible la exhumación, “podrían al menos dar una buena explicación de las familias, pero 'in situ', no a través de informes como hasta ahora, y que las familias pudieran tener un momento íntimo, a solas, en el lugar donde se supone que están sus familiares”.

Silvia Navarro, que también busca a un pariente en el Valle de los Caídos, muestra las fotos en blanco y negro de ocho víctimas de la Guerra Civil. Es de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de Republicanos del Valle de los Caídos. Son los casos que están llevando en los tribunales desde hace 11 años, pues quienes reclaman las exhumaciones se ha visto abocados a la vía judicial, ante la negativa oficial: “Llevamos mucho tiempo esperando este día, hay muchos familiares que no han podido venir y que están muy pendientes de lo que pasa hoy aquí. Esperamos que sea el principio del fin de nuestra espera. De la espera de nuestros padres, y de nosotros, sus nietos”.

Otro de los presentes es Francisco Cansado, que reclama el cuerpo de su abuelo, José Cansado Lamata, y el hermano de este, Antonio, fusilados cerca de Calatayud. “A uno lo metieron en un camión, y cómo el otro protestó, le dijeron que a él también se lo llevaban. Estuvieron un mes encerrados. Uno de sus hijos fue a verles y les llevó ropa, hasta que los que estaban allí le dijeron que no hacía falta que volviera más. Luego se los llevaron y los ejecutaron en una fosa común en Morata de Jalón. Lo de hoy es un paso importante para cerrar las heridas de la familia”.