La gran playa de A Lanzada ya tiene dueño

La batalla legal emprendida por dos comunidades de montes para reclamar la propiedad histórica de los terrenos que circundan la playa de A Lanzada (Pontevedra) ha enzarzado a su vez a los Ayuntamientos vecinos de O Grove y Sanxenxo desde hace más de tres décadas. Ahora el dictamen de la Xunta, en línea con el de la delegación provincial de Costas de Pontevedra, zanja la polémica y declara de dominio público y espacio protegido el enclave del arenal y las dunas que sitúa dentro de los límites del municipio grovense.

Sanxenxo ya ha anunciado un contencioso por la vía judicial, la última baza que le queda para recuperar la propiedad de los terrenos que habían sido clasificados como propios en 1989, incluso no descarta presentar una querella por prevaricación contra el Jurado de Montes, órgano dependiente de la Consellería de Medio Rural. Aquella clasificación había sido recurrida por el Ayuntamiento de O Grove y ahora su reclamación es avalada por el jurado en su dictamen al dejar dentro de su territorio los límites históricos de cuando esta península era una isla (según la cartografía del siglo XVI) y que es la base legal de la disputa con Sanxenxo.

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En este impresionante enclave que limita los dos principales centros turísticos las rías de Arousa y Pontevedra se encuentra la playa de A Lanzada, uno de los mayores arenales gallegos (2,5 kilómetros) donde un antiguo aeródromo sirve de aparcamiento a los miles de bañistas durante el verano. El Diario Oficial de Galicia publicó del 26 de marzo la resolución del Jurado de Montes en el que este argumenta las dificultades que planteó este expediente y admite de antemano que su decisión será controvertida y polémica por los intereses históricos y económicos que están en juego. “Este expediente de clasificación es sumamente complejo y dificultoso, no solo por los numerosos antecedentes legales e intereses en juego de las comunidades de montes de los

Ayuntamientos de Sanxenxo y O Grove, sino por la propia repercusión social y mediática que tiene y la especial configuración jurídica de los terrenos afectados”, incide el dictamen.

“Este jurado es conocedor, por tanto, de que sea cuál sea la resolución que se adopte, va a ser controvertida y discutida por las partes cuyos intereses están en juego, y precisamente por esto, consideramos oportuno dejar sentado de antemano que la presente resolución obedece, única y exclusivamente, a una valoración sumamente razonada con los datos objetivos que figuran en el expediente de clasificación, así como al especial régimen jurídico, rector en la actualidad de los terrenos afectados”, infiere el Jurado de Montes en su resolución.

Los antecedentes se remontan a 1989, cando el monte de A Lanzada fue clasificado a favor de los comuneros de Sanxenxo pero recurrida por O Grove por motivos formales, al no habérsele dado audiencia en el procedimiento por lo que alegó indefensión. A raíz de esta revisión, la clasificación de 1989 se declaró nula, “por lo que estamos ante un expediente nuevo en el que debe atenderse no solo a los prolijos antecedentes, sino también a las nuevas circunstancias jurídicas de los terrenos”, argumenta el jurado.

Así, y después de una larga pugna judicial y administrativa entre ambos Ayuntamientos, un informe pericial del Servicio de Montes de la Consellería de Medio Rural de enero de 2016 describe el enclave como una superficie ocupada por un sistema de dunas en torno al istmo y playa de A Lanzada y arenales anexos de alto valor ecológico. Por ello la totalidad de la parcela en litigio está incluida dentro del ZEC (Zona de Especial Conservación) y espacio natural protegido que abraza el archipiélago de Ons y O Grove desde 2004.

En estos terrenos se asientan varias construcciones, desde el antiguo aeródromo, pasando por un campo de futbol, un colegio, chiringuitos y servicios a pie de playa, incluidos los monitores para surfistas, hasta llegar a la capilla de Nuestra Señora de A Lanzada, una ermita del siglo XII, rodeada de una antigua fortaleza en ruinas. Una parcela muy condicionado por el uso turístico y de senderismo. En medio de la polémica, y una vez abierto el período de alegaciones, en julio de 2017 entró en juego un tercer actor: El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al presentar un oficio del Servizo de Costas de Pontevedra para reclamar todo el istmo de dominio público marítimo terrestre, en base al deslinde aprobado en 1993. Con su informe se opuso a cualquier otra detención posesiva privativa de los terrenos en disputa por ser incompatibles con la Ley de Costas.

Para el jurado de Montes la conclusión de Costas ha resultado fundamental para resolver el expediente y considerar que el régimen protector que rige sobre los terrenos de A Lanzada resulta incompatible con el uso privativo de una comunidad de Montes. “Cabe preguntarse qué sentido tendría clasificar el monte de A Lanzada como vecinal cuando al día de hoy se está haciendo un uso público de toda a zona afectada”, concluye el dictamen de la Xunta que recuerda a los comuneros de Sanxenxo que nunca reclamaron a Costas la propiedad de los terrenos.