La fiscalía belga pide más información para definir las acusaciones sobre los exconsejeros catalanes

La fiscalía de Bruselas ha anunciado este miércoles que pedirá a la justicia española más información sobre el proceso por el que se solicita la entrega de los independentistas Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Los exconsejeros huidos a Bélgica han comparecido durante apenas media hora ante el tribunal de primera instancia en la capital belga. A la salida, el abogado flamenco Paul Bekaert, que representa a Puig, ha informado de que la vista ha concluido rápidamente porque el Ministerio Público solicitó su aplazamiento hasta el 16 de mayo para recabar más datos sobre la euroorden. La fiscalía ha confirmado la petición de datos sin concretar qué demandará exactamente a los tribunales españoles. Con la información suplementaria pretende definir cuáles son los delitos por los que podría reclamar la entrega de los líderes independentistas.

Antoni Comín está procesado en España por rebelión y malversación, mientras que Meritxell Serret y Lluís Puig lo están por malversación y desobediencia. El Ministerio Público belga debe determinar cuáles de estos delitos estima que encajan en su ordenamiento jurídico. Una vez analizada la equivalencia de los cargos que se les atribuyen, se pronunciará sobre si pide al juez la entrega de los exconsejeros a España, aunque la decisión final corresponderá al magistrado. Los letrados de la defensa confían en que se repita lo sucedido con Carles Puigdemont en Alemania, donde la fiscalía reclamó extraditarle a España por malversación y rebelión, pero un tribunal descartó este último delito y ha pedido más datos sobre los indicios de uso de fondos públicos.

Los tres investigados, que llevan más de cinco meses en Bélgica, entraron a pie al mastodóntico Palacio de Justicia de Bruselas poco antes de las nueve de la mañana. La breve audiencia se ha celebrado a puerta cerrada en la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que debe pronunciarse sobre la orden de detención y entrega a España. Al abandonar sus instalaciones, Comín ha manifestado que se encuentra "muy tranquilo".

Con la reactivación de la euroorden por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena hace casi un mes, el litigio ha empezado de cero en Bélgica. Los políticos independentistas mantuvieron una larga comparecencia ante la justicia hace dos semanas. Tras su fugaz paso por los juzgados de este miércoles, todo indica que los tempos van a dilatarse. La fiscalía no descarta un nuevo aplazamiento el 16 de mayo si España proporciona los datos con poca antelación o la respuesta es muy larga y las partes no pueden estudiarla a tiempo.

Las autoridades advierten de que cuando las personas reclamadas no están en prisión preventiva, los plazos son más flexibles, y la defensa estima que el proceso podría alargarse incluso más de tres meses. Hasta el momento, la justicia belga nunca se ha pronunciado sobre la entrega de los exmiembros del Govern fugados. En la primera ocasión, cuando Puigdemont se encontraba todavía en el país, Llarena retiró la orden antes de que el tribunal de primera instancia dictara sentencia.

Los exconsejeros se encuentran actualmente en libertad sin fianza, pero con medidas cautelares: ninguno de los tres puede abandonar Bélgica, han de comunicar su residencia, y deberán comparecer siempre que sean requeridos por la justicia.