Los 404 actos violentos del ‘procés’

Un informe elaborado por la Guardia Civil el 28 de febrero —y enviado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para sustentar la acusación de rebelión contra los líderes del procés— detalla 404 incidentes que cataloga como violentos: 95 los sufrieron agentes o instalaciones de la propia Guardia Civil; 99, la Policía Nacional y 17, los Mossos. A estos suma los 193 cortes de carreteras y vías ferroviarias que se produjeron durante las huelgas de los días 3 de octubre y 8 de noviembre.

Otro informe, este de la asociación Catalunya Somos Todos, recoge casos hasta el 30 de noviembre: recopila un centenar de situaciones sufridas en Cataluña, desde la retirada de banderas a amenazas. Desde entonces, se han seguido produciendo desórdenes, sobre todo tras la detención de Carles Puigdemont, el 25 de marzo en Alemania, con enfrentamientos ante la Delegación del Gobierno en Barcelona y en Lleida.

Amenazas e insultos a la judicatura

En febrero del año pasado, la ex fiscal jefe de Barcelona Ana Magaldi fue increpada por un joven que le gritó “fascista” y “eres una mierda” cuando salía de una sesión del juicio por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Meses después, denunció que le habían cortado la calefacción y la antena de televisión de su segunda residencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 13, Juan Antonio Ramírez, que investiga la preparación del referéndum ilegal del 1-O, fue víctima de pintadas amenazantes en El Port de la Selva (Girona), donde tenía un apartamento.

Arran, las juventudes de la izquierda independentista vinculadas a la CUP, amenazaron con pintadas al juez Llarena en la que creían que era su casa en Das (Girona). Una usuaria de Twitter desveló la dirección y el trabajo de su mujer, la juez Gema Espinosa, y la amenazó: “Han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora”.

Acoso a guardias y policías

La Guardia Civil asegura haber sufrido 95 actos violentos, esencialmente episodios de protestas, pintadas, sentadas, caceroladas y acoso frente a sus instalaciones, pero también lesiones a sus agentes. Entre ellas, incluyen los 55 guardias civiles heridos en los 22 incidentes registrados durante su actuación en puntos de votación del 1 de octubre, y el sitio a sus agentes el 20 y el 21 de septiembre, cuando registraban la sede del Departamento de Economía.

Días después, lanzaron ropa militar en llamas contra la fachada de la Comandancia en Igualada. En La Seu d’Urgell (Lleida), un juez investiga a dos profesores (archivó la denuncia contra otros seis) por incitación al odio en el ámbito escolar contra el hijo de un guardia civil. La Fiscalía investiga a otros 11 maestros de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Otro juzgado, de Manresa, también abrió diligencias por la expulsión de unos agentes el 6 de octubre de la cafetería de una gasolinera de Sant Salvador (Barcelona) donde estos pretendían tomar algo tras repostar.

La Policía Nacional sufrió 99 altercados, y 56 de sus agentes resultaron lesionados durante la jornada de la consulta ilegal. Además, también sufrieron manifestaciones ante comisarías y en los hoteles en los que se alojaban. Tres concejales del PSC y uno de ERC de Pineda de Mar (Barcelona) están investigados por coaccionar a los dueños de la cadena de hoteles para que expulsara a los agentes. En Reus, un juzgado investiga al alcalde, a cinco concejales y a seis bomberos por un delito de odio por una manifestación frente al hotel de los agentes. También se investiga a un mecánico por negarse a arreglar el vehículo particular de un policía nacional y a los dueños de un gimnasio que impidieron la entrada a agentes. En Girona, lanzaron bengalas, que no se activaron, contra una comisaría.

Amenazas a líderes políticos

Las redes sociales han sido el lugar predilecto para atacar a líderes políticos tanto constitucionalistas como independentistas. Algunos usuarios de Twitter celebraron la muerte de la concejal del PP en Tarragona Marbel Neguerela. La diputada del PP Andrea Levy fue intimidada por diversas personas cuando paseaba en Navidad por Sant Fos de Campsentelles (Barcelona).

El exdiputado Joaquim Forn, ahora encarcelado, fue increpado en el aeropuerto de El Prat cuando regresaba de Bruselas. Las juventudes de Societat Civil Catalana sufrieron un boicot en un acto en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El negocio de los padres de Albert Rivera en Granollers amaneció con pegatinas pidiendo la libertad de los políticos encarcelados.

El llamamiento de Puigdemont a los ciudadanos para que se encarasen a los alcaldes que no cedían locales para el 1 de octubre afectó al exregidor de Terrassa Jordi Ballart, del PSC, o a la alcaldesa de Vilanova del Camí, la socialista Noemí Trucharte. Ambos fueron amenazados e insultados. Todos los partidos en Cataluña han sufrido, con especial intensidad desde septiembre pasado, pintadas y ataques a sus sedes.

Cortes de vías

Los problemas circulatorios han sido una constante en el procés. La Guardia Civil contabiliza 193 cortes de carretera y ferroviarios durante las jornadas de huelga del 3 de octubre (116) y el 8 de noviembre (77). En Semana Santa, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) desmontaron las barreras en diversos peajes de la red viaria catalana.

Ataques a la prensa

En enero, encapuchados de Arran destrozaron a martillazos la luna de la sede del medio digital Crónica Global. En octubre, manifestantes de extrema derecha rompieron los cristales de la fachada de Catalunya Ràdio. Hace unas semanas, el Ateneo de Sarrià, donde suelen reunirse personas de la izquierda independentista, amaneció quemado y con simbología de extrema derecha. En Palamós (Girona), un hombre está pendiente de sentencia por disparar su escopeta de balines contra un vecino que participaba en una cacerolada proindependencia. La colocación de lazos amarillos en diversas ciudades también ha provocado enfrentamientos cruzados.