España entrega a Alemania vídeos que demuestran la violencia del ‘procés’

Fiscales españoles y alemanes han mantenido este jueves una reunión en La Haya (Países Bajos) en la que los primeros entregaron numerosas pruebas, entre ellas varios vídeos con episodios de violencia relacionados con el procés, con el objetivo de justificar la imputación del delito de rebelión al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Los fiscales alemanes, que el 3 de abril ya defendieron ante la Audiencia de Schleswig-Holstein el delito de rebelión, se han comprometido a intentar convencer a los jueces alemanes de que reconsideren su decisión de entregar a Puigdemont solo por malversación.

El equipo de fiscales españoles que se han desplazado en la mañana de este jueves a las dependencias de Eurojust, el organismo de coordinación judicial entre los países miembros de la Unión Europea, ha entregado a sus homólogos alemanes más pruebas sobre la implicación de Puigdemont en el procés, fundamentalmente vídeos de acciones violentas e informes policiales que tratan de demostrar la existencia de violencia y, con ella, justificar la imputación del delito de rebelión contra el expresident, según confirmaron ayer fuentes jurídicas.

La reunión, acordada confidencialmente entre los fiscales de ambos países, sirvió para unificar criterios en la entrega de Puigdemont y se produce después de que el tribunal de Schleswig-Holstein, en una primera resolución tras la detención del político catalán el pasado 25 de marzo, haya rechazado entregarlo a España por el delito de rebelión y haya puesto pegas a la malversación de caudales públicos, los dos delitos por los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reclama a Puigdemont a Alemania.

La decisión última sobre la entrega del expresident de la Generalitat de Cataluña no está aún cerrada, puesto que el citado tribunal pidió a España que aporte más pruebas para justificar el delito de malversación de dinero público. Por eso los fiscales alemanes, que en este asunto representan a España, han querido reunirse personalmente con los españoles en ciudad holandesa.

El objetivo es que, aprovechando las pruebas solicitadas por los tres jueces del tribunal, los fiscales incluyan nuevas evidencias que obliguen a reconsiderar su decisión inicial. Con este aporte de pruebas, los fiscales quieren hacer ver al tribunal de Schleswig-Holstein que su cometido no es instruir la causa, que para eso está el juez del Tribunal Supremo, y que Puigdemont debe ser enviado a España por los delitos solicitados, o cuanto menos por el de sedición si el de rebelión es descartado.

Ya en marzo, antes de que el tribunal alemán dictase esa primera resolución, los fiscales españoles contactaron con sus colegas alemanes y les facilitaron abundante documentación sobre el sumario que instruye Llarena y que avala el auto de procesamiento que ha dictado contra la cúpula independentista. La fiscalía alemana asumió íntegramente desde el principio los postulados de la española.

Tras el revés del tribunal, ambas delegaciones han optado ahora por reunirse personalmente en la sede de Eurojust y analizar in situ la nueva documentación que está deparando el sumario sobre el procés. Y no solo la que acredita la malversación de caudales públicos.

Otros delitos

El primer objetivo del Supremo es que Alemania entregue a Puigdemont por rebelión para poder juzgarle por ese delito, el principal de los dos que se le atribuyen y el que vertebra toda la causa abierta en el alto tribunal contra los líderes del procés. Para conseguirlo, hay dos caminos. El más directo, y al que se aferra el Supremo, es que la Audiencia de Schleswig-Holstein reconsidere la decisión que adoptó la semana pasada. Ahí se encuadra la reunión mantenida ayer entre las fiscalías de ambos países.

Pero si los jueces alemanes no cambian de opinión, la única vía posible que le queda a Llarena es acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que se pronuncie sobre si Alemania ha aplicado correctamente la normativa de las euroórdenes.

El Supremo, según las fuentes consultadas, solo acudirá al tribunal con sede en Luxemburgo una vez que la justicia alemana comunique su decisión definitiva sobre Puigdemont y en el caso de que esta no convenza al instructor español. Si esto ocurre, Llarena rechazaría que el expresident fuera entregado hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie.

En principio, el Supremo está dispuesto a intentar frenar cualquier resolución del tribunal alemán que excluya la rebelión. Pero la fiscalía y el alto tribunal sopesan también hacer una nueva petición a Alemania con otros delitos que Llarena descartó en su auto de procesamiento y en la euroorden porque las conductas que castigan estaban incluidas en el de rebelión y para no facilitar de entrada que la justicia de los países donde están los fugados optara por estos delitos, que el Supremo ha considerado hasta ahora subsidiarios al principal. Aquí podrían entrar el delito de conspiración para la rebelión (que la Sala Penal del Supremo siempre ha mantenido como una opción posible y que tiene un equivalente claro en el Código Penal alemán) la sedición (que Llarena ha mantenido durante toda la instrucción como subsidiario del de rebelión), el de organización criminal o la desobediencia, entre otros.

Asumir esta posibilidad implicaría asumir que Puigdemont pueda ser juzgado por delitos diferentes (y, aunque graves, de menor entidad) que los miembros de la cúpula independentistas que se han quedado en España. Las fuentes consultadas en la Fiscalía y el alto tribunal dan por descontado que, si se llega a este punto, esa paradoja no debe ser visible en un mismo juicio, sino que los procesados que están en España serán juzgados el próximo otoño y los fugados, a medida que vayan resolviendo los tribunales de cada país. El alto tribunal pretende abrir juicio oral al filo del verano y cada vez es más lejana la posibilidad de que para entonces hayan fructificado las entregas de los fugados.