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El Ejército rectifica y reabre los archivos de la Guerra Civil

El Estado Mayor dice que se produjo una "interpretación extensiva" de la normativa y pide disculpas a los investigadores

Dependencias del Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca.
Dependencias del Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca.

Rectificar es un verbo que se conjuga poco en España, pero el Ejército de Tierra ha decidido dar marcha atrás en su decisión de impedir el acceso de estudiosos e investigadores a los documentos históricos que tuvieran el sello de secreto o confidencial, sin importar su antigüedad u origen.

La decisión, que se aplicaba desde principio de abril, afectaba especialmente al Archivo General Militar de Ávila, organismo de referencia para el estudio de la Guerra Civil española.

En una nota difundida el jueves por la tarde, pocas horas después de que EL PAÍS publicase que la medida había causado la indignación de archiveros e investigadores, el Ejército de Tierra asegura que “desde el Estado Mayor se van a dar instrucciones oportunas al Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) para subsanar” la situación creada por la orden restrictiva y que, “en consecuencia, los fondos documentales seguirán disponibles para su consulta en las mismas condiciones” en que lo estaban hasta el mes pasado. El Ejército de Tierra incluso pide disculpas, al agregar que “lamenta los inconvenientes que esta decisión haya podido causar en el ámbito de la investigación histórica”.

La nota explica que la orden de que todo informe clasificado debía ser apartado del acceso de los investigadores fue una “decisión de carácter técnico” adoptada en 2016 ante la consulta que se hizo desde el IHCM con motivo de la incorporación al Archivo General Militar de un fondo que abarcaba documentación anterior y posterior a 1968, fecha de la entrada en vigor de la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales y que “dada su complejidad, no hacía fácil individualizar los documentos” para decir cuáles podían ser de acceso público y cuáles no.

El criterio que se adopó vetar a investigadores y estudiosos todos aquellos documentos que tuvieran un sello de secreto o reservado, sin importar su antigüedad u origen, aplicando retroactivamente y sin límite de tiempo los efectos de la ley franquista de secretos oficiales. “Por una interpretación extensiva de la normativa sobre información clasificada, esta decisión se aplicó al resto de los fondos documentales” que custodia el Ejército, agrega la nota, lo que suposo retirar del acceso público documentos que llevaban décadas al alcance de los estudiosos.

Rectificar es de sabios, sobre todo si esa rectificación permite profundizar en el saber sobre la historia de España.