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El juez deja en libertad bajo fianza a Clara Ponsatí

La exconsejera catalana ha recaudado más de 80.000 libras para su defensa en apenas unas horas

Clara Posantí junto a su abogado en Edimburgo, tras quedar en libertad bajo fianza.

Clara Ponsatí, la exconsejera catalana huida primero a Bruselas y luego a Escocia, se ha entregado esta mañana en la comisaría St. Leonards de Edimburgo. La exconsejera, que ha recaudado más de 135.000 euros en una cuestación pública para costearse su defensa legal, ha quedado en libertad poco antes de las cuatro de la tarde, según ha informado la BBC.

La anterior responsable de Educación de la Generalitat está acusada de los delitos de rebelión y malversación de fondos en el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado. La entrega abre ahora un procedimiento legal que podría demorarse durante meses e incluiría un debate de fondo sobre los delitos que se le imputan. 

A las puertas de la comisaría, el abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha explicado que su cliente se entrega en virtud de la euroorden por haber organizado un referéndum y ha hablado de "persecución política". Ha anunciado que la vista judicial por su caso se celebrará a las dos de la tarde de este miércoles y que pedirá que sea puesta en libertad provisional, informa France Presse.

Una vez producida la detención y completadas las formalidades de identificación, la persona detenida debe ser presentada ante la Sheriff Court de Edimburgo no más tarde del siguiente día hábil. El tribunal está abierto normalmente hasta las 16.00, pero, previo aviso, la puesta a disposición podría producirse después de esa hora.

El primer paso va a ser la certificación de la orden europea de detención y entrega por parte de la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), que se limitaría a comprobar si se cumplen los requisitos formales y a determinar, también, si existe una desproporción evidente. Se trata de un mero trámite que, de completarse, si no se ha completado ya, llevaría a la comunicación a la policía de Escocia y a la detención de Clara Ponsatí, por parte del Equipo de Búsqueda Activa de Fugitivos de la policía escocesa. 

Si la detenida consiente su entrega a la justicia española ya la Sheriff Court, lo que no parece probable, ésta se produciría dentro de los 10 días siguientes. En el más previsible caso contrario, la Sheriff Court decidiría sobre su situación personal. Lo más probable es que decida la libertad provisional bajo condiciones más o menos estrictas, y convoque la primera audiencia dentro de los 21 días siguientes. Este plazo se puede prolongar hasta dos meses, a instancias de la defensa, para que esta pueda preparar su moción. La vista de la extradición, dependiendo de las causas de oposición que se aleguen, puede demorarse hasta otros dos meses.

El tribunal deberá decidir sobre la extradición en función de si la conducta objeto de la orden sería constitutiva de delito de haber ocurrido en Reino Unido. También podría oponerse a la orden si la conducta encajara en las recogidas en la lista de 32 tipos de infracción que están exentos de doble incriminación, a la que, en principio, no pertenecen los que se le imputan a Ponsatí. 

El debate, por tanto, se centraría previsiblemente en si la conducta de Ponsatí sería o no punible en suelo británico. En el caso del delito de rebelión, en Reino Unido no existe un tipo delictivo con ese nombre, pero sí existe el delito equiparable de traición, contemplado en una ley de nada menos que 1351, que sigue vigente. También existe el delito de alta traición. 

El Tribunal Supremo español estaría representado por la fiscalía escocesa, Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS). Dependiendo de los motivos de oposición que se aleguen, lo previsible es que el COPFS le pida al tribunal español datos adicionales para preparar el caso frente a la defensa.

La decisión de la Sheriff Court podría ser apelada ante la High Court of Justiciary, suprema jurisdicción penal en Escocia. Es difícil predecir cuánto podría tardar la High Court en admitir o no la apelación y en pronunciarse sobre el fondo pero, de ordinario, suele ser menos que la High Court de Inglaterra y Gales. Excepcionalmente podría haber una segunda apelación ante la Supreme Court de Reino Unido. Quien decide aceptar o no la apelación es el propio tribunal, que es extraordinariamente restrictivo y solo la aceptaría si considera que se suscita un punto de interés general en el que sea necesario su pronunciamiento. 

Clara Ponsatí fue una de los miembros del Govern de la Generalitat que fueron a Bélgica después de la proclamación de la República catalana del 27 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que la cesaba como consejera. Tras una estancia en Bruselas, la exconsejera escribió en su cuenta de Twitter: "El exilio catalán llega al Reino Unido: disfrutando de mi libertad de movimientos como ciudadana europea, esta semana me he reincorporado a la Universidad de St. Andrews”. En dicho centro Ponsatí dicha ocupa la cátedra de Economía. Este movimiento de la policía escocesa se produce poco después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont haya sido detenido en Alemania, país al que había entrado en coche procedente de Dinamarca.

Colecta de fondos

En un mensaje en Twitter, difundido minutos antes de acudir a la comisaría, Clara Ponsatí ha afimado que hoy se iba a poner a disposición de la justicia escocesa. "Ayudadnos haciendo aportaciones para cubrir los gastos de mi defensa", indica Ponsatí en el mensaje, en el que remite a una web para recoger los fondos, que ya ha recolectado 118.000 libras esterlinas, informa Efe.

Clara Ponsatí, que se define como una "exconsellera del Govern catalán ahora en el exilio tras el referéndum de octubre de 2017", afirma que no ha cometido nunca ningún delito y que lo que hizo fue promover una votación pacífica y democrática incluida ahora en una causa por presunta sedición y rebelión.

Critica que "no hay ninguna garantía de un juicio justo en España" y lamenta que miembros del Gobierno catalán cesado ya se encuentren en prisión preventiva por orden del magistrado Pablo Llarena. "Si regreso, creo que es probable que acabe sujeta al trato degradante e inhumano de las autoridades" por la forma de actuar del Gobierno español, arguye.

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