Los hermanos que convivan en el mismo centro de mayores no perderán sus pensiones no contributivas

El Ministerio de Sanidad modifica la normativa que obligaba a estas personas a vivir separadas o renunciar a su retribución

Josefa Garijo, en el centro, falleció sin poder convivir con sus hermanas en la misma residencia.
Josefa Garijo, en el centro, falleció sin poder convivir con sus hermanas en la misma residencia.

Los hermanos que vivan juntos en el mismo centro de mayores ya no perderán la pensión no contributiva de jubilación o invalidez. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha modificado la normativa que consideraba la misma unidad económica de convivencia una residencia de mayores y un hogar.

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Encarna y Julia Garijo, dos hermanas naturales de Almazán, en Soria, fueron unas de las afectadas por esta medida. Ambas, con 94 y 83 años, convivían en el mismo centro de la tercera edad, a escasos minutos de la localidad castellanoleonesa, hasta que Encarna recibió una notificación de la Junta que le obligaba a abandonar la residencia y conservar su paga o a separarse de Julia y conservar su retribución, de unos 380 euros al mes. Según la Ley de la Seguridad Social, en ese momento, dos personas de una misma unidad familiar que conviviesen en el mismo domicilio no podían cobrar, entre las dos, más de 8.900 euros anuales de pensión. Al final, Julia abandonó la residencia y se trasladó a Madrid, donde falleció este enero.

Ángel Martín, amigo de estas hermanas desde la infancia, decidió iniciar una recogida de firmas en la plataforma de Change.org para denunciar este caso. Consiguió 135.183 apoyos, que presentó apoyado por el PSOE en el Congreso de los Diputados con el objetivo de promover una propuesta de Ley. La iniciativa socialista fue vetada por la Cámara con el voto en contra de PP y Ciudadanos con el argumento de que la modificación suponía un incremento del gasto público.

Los socialistas decidieron recurrir esa decisión de la Mesa al Tribunal Constitucional. Ese recurso se presentó el 8 de febrero, tan solo días antes de que el Ministerio de Sanidad remitiera a las comunidades autónomas el nuevo criterio para la interpretación de la norma.

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