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¿Tienen derecho a la libertad de expresión los robots?

El Congreso afronta, receloso y dividido, la lucha contra las campañas de desinformación en las redes sociales

Un vigilante observa los monitores en una sala de seguridad. Ampliar foto
Un vigilante observa los monitores en una sala de seguridad.

Teodoro Garcia Egea, diputado del PP, enarboló el pasado día 13 en la tribuna del Congreso un tuit que decía: “Hoy ha muerto el juez de la Audiencia Nacional Juan Martínez Lázaro en circunstancias extrañas, llevaba el caso Gürtel a propuesta del Partido Socialista”. A continuación, leyó la réplica del periodista de EL PAÍS Fernando J. Pérez: “Se llamaba Javier, falleció de cáncer, no llevaba la Gürtel y a los jueces no los nombran los partidos”. El primer tuit, agregó, tuvo 3.000 retuits. El segundo solo once. La mentira tiene más exito que la verdad.

En la misma sesión, el socialista Ignacio Sánchez Amor aireó en el hemiciclo dos titulares de prensa del día anterior. Uno de EL PAIS (“La Guardia Civil cree que la detenida por la muerte de Gabriel actuó sola”) y otro de El Mundo (“La Guardia Civil sospecha que la asesina de Gabriel no actuó sola”). “Una de las dos noticias debe ser falsa”, alegó, “pero ambas están protegidas por el derecho a la información”. El titular de EL PAÍS era el correcto.

Tras el debate, el pleno del Congreso rechazó una iniciativa del Grupo Popular cuyo objetivo era “garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por Internet”, para lo que proponía detectar, identificar y sellar las noticias falsas por parte de “instituciones públicas especializadas” en colaboración con proveedores de Internet, medios de prensa, usuarios y asociaciones.

Este es un “campo minado” que “se desliza hacia la censura”, advirtió Sánchez Amor, quien se preguntó si se trataba de crear “una dirección general de la información que determine si una noticia es falsa o no”.

Solo una semana antes, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional había dado luz verde a otra propuesta del PSOE sobre fake news (noticias falsas), con la única oposición de Podemos. Incluso el PDeCAT, que niega la injerencia rusa en la crisis catalana, la apoyó.

A diferencia de la popular, la propuesta socialista se limitaba a pedir que España participe “en el proceso de construcción de la estrategia de la UE para parar la difusión de noticias falsas on line” y abogar por reforzar y ampliar el radio de acción del East Stratcom Task Force, el equipo del Servicio Europeo de Acción Exterior que vigila intervención de Moscú en las redes sociales.

Tras estas escaramuzas, la Comisión de Defensa se propone constituir, a partir del día 9, un Grupo de Estudio sobre las fakes news. No será, como propuso la ministra María Dolores de Cospedal, un foro donde se sienten codo con codo diputados, editores de los principales medios de comunicación y responsables de plataformas digitales. El grupo lo formarán exclusivamente los diputados, mientras que los editores serán llamados para que informen. La fórmula es muy similar a las subcomisiones parlamentarias; el problema es que el cupo máximo de estas ya está cubierto, por lo que había que esperar meses para crear una nueva y el PP tenía prisa.

El presidente de la Comisión de Defensa, José María Barreda, que coordinará el grupo, se muestra muy cauto: “Nuestro objetivo es analizar el asunto y recabar la opinión de los expertos. En absoluto se trata de interferir, coartar u orientar el trabajo de los medios de comunicación”.

Algunos expertos ya han pasado por el Congreso, como Janis Sarts, director del NATO STRATCOM, con sede en Riga (Letonia), que acudió en diciembre pasado a la Comisión de Seguridad Nacional. El problema explicó, no es el bulo o la noticia falsa, sino la acción coordinada de miles de cuentas automatizadas para desestabilizar una sociedad mediante la difusión masiva de desinformación, especialmente en periodo electoral. Según sus investigacíones, más del 85% de los mensajes en ruso en la red social Twitter en los que aparecen las palabras OTAN, Letonia o Lituania, están generados por robots. En los mensajes en inglés, la proporción es del 50%.

“¿Cómo controlar la difusión de noticias falsas sin socavar la libertad de expresión?”, se preguntó. “Creo que en vez de examinar el contenido [del mensaje] deberíamos examinar más la logística. Cuando los robots hablan, no tienen libertad de expresión”, concluyó.