El largo invierno del alcalde de Alicante

El del boxeador noqueado, que se tambalea antes de desplomarse en el ring, refleja la situación que atraviesa el alcalde de Alicante. Doblemente procesado por prevaricación, abandonado por sus antiguos socios de gobierno, defenestrado por su propio partido, reprobado por el pleno de la corporación y pendiente de una moción de censura presentada por el PP, el socialista Gabriel Echávarri es un alcalde con fecha de caducidad. Un político solo y acorralado por la Justicia, que soporta el invierno más largo de su trayectoria pública.

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Sin embargo, este abogado de 47 años, licenciado también en Ciencias Políticas, se resiste a caer. No hay día en que la oposición (PP, Guanyar Alacant, Ciudadanos y Compromís) no exija su dimisión. Él, en cambio, dice que no renunciará al cargo a menos que se cumplan sus condiciones, que pasan por imponer a su sucesora: su número dos, la vicealcaldesa primera Eva Montesinos. “Necesitamos 15 votos (mayoría absoluta en una corporación de 29 concejales) y han de ser 15 votos sin condiciones. En ningún caso vamos a entregar el gobierno de la ciudad a un partido podrido y corrupto como el PP”, proclamó recientemente.

Echávarri, que gobierna en minoría, ha fijado un plazo para su salida. “Un mes o un mes y medio”, el tiempo que según sus cálculos llevará a la magistrada María Luisa Carrascosa abrirle juicio oral. Aguantará por tanto hasta el último segundo, hasta el día en que se le notifique formalmente el auto, y solo se irá si su candidata cuenta con los apoyos necesarios para sustituirle.

Echávarri se hizo con la vara de mando en 2015 tras constituir un gobierno a tres bandas con Guanyar Alacant (confluencia de Izquierda Unida, Podemos e independientes) y Compromís. Consiguió recuperar Alicante para su partido tras dos décadas de mayorías absolutas del PP.

Las fricciones entre los socios no tardaron en aflorar. Su ocaso comenzó en abril del año pasado, cuando el PP le denunció por el supuesto fraccionamiento de 25 facturas, por un importe total de 190.000 euros, desde la concejalía de Comercio. Dos días después, Echávarri despidió a la cuñada del portavoz del grupo popular, Luis Barcala, una funcionaria interina de Cultura. Por esa causa, otra jueza, Patricia Romero, dictó este miércoles su segundo procesamiento por una supuesta prevaricación administrativa: le acusa de hacer de su voluntad “fuente del derecho” para vengarse del líder de la oposición. En su última aparición ante la prensa, Echávarri dijo sentirse víctima “de un linchamiento” pero advirtió de que o le sucede su número dos o seguirá en el cargo.