Los jueces rechazan el último recurso del alcalde de Alicante para evitar ser juzgado por prevaricación

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores han visto rechazados sus últimos recursos para evitar ser juzgados por supuestos delitos de prevaricación y usurpación de funciones. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado los escritos presentados por los tres investigados para eludir el banquillo de los acusados y ha confirmado su procesamiento por fraccionar presuntamente 14 facturas por trabajos y servicios de la Concejalía de Comercio, por un importe total de 144.160 euros. La magistrada instructora dará previsiblemente en los próximos días o semanas el paso de abrirles juicio oral.

Tras conocer la decisión de la sección segunda de la Audiencia alicantina, la oposición (PP, Guanyar Alacant, Ciudadanos y Compromís) ha reclamado en bloque la dimisión del primer edil. Echávarri no ha reaccionado todavía. De hecho, se ha ausentado de un acto en el Ayuntamiento este mediodía que figuraba en su agenda oficial. En su lugar, ha comparecido ante la prensa la portavoz del gobierno municipal y primera teniente de alcalde, Eva Montesinos, para advertir de que el primer edil no dimitirá.

El equipo de gobierno mantiene la tesis de que su máximo responsable se enfrenta a “una denuncia política” del PP, que ejerce la acusación particular en este proceso. "En ningún caso vamos a devolverle el gobierno de esta ciudad a un partido podrido de corrupción. El alcalde no ha hecho nada y va a seguir adelante”, ha señalado Montesinos. A su juicio, el PP “quiere alcanzar por la vía judicial" una alcaldía que no logró "en las urnas", algo que no van a “consentir en ningún caso" los socialistas.

Sin embargo, la oposición ha pedido de forma unánime su dimisión. El portavoz del grupo popular, Luis Barcala, ha instado a los secretarios generales autonómico y nacional del PSOE, Ximo Puig y Pedro Sánchez, respectivamente, a intervenir en esta crisis institucional. “Es el primer alcalde procesado de la historia de Alicante", ha recordado el líder de los populares. Y se halla embarcado en “un viaje que ya no tiene retorno", tras haber “traspasado todas las líneas rojas”, ha añadido.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Yaneth Giraldo, ha considerado que ya ha llegado la hora de que Echávarri "sea responsable con el cargo y con las personas a las que representa y dimita cuanto antes". Giraldo también ha pedido a Puig que deje de “tirar balones fuera” y asuma “las riendas" en caso de que el alcalde decida aferrarse al cargo.

En la izquierda de la bancada municipal, tanto Guanyar Alacant (EU-IU, Podemos e independientes) como Compromís, antiguos socios de gobierno del PSPV-PSOE, se han expresado en términos similares. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, cree que el gobierno local ha podido tratar de “desviar la atención” sobre la decisión que iba a tomar la Audiencia con la reciente difusión del hallazgo de un dispositivo de grabación oculto en el despacho de la concejal de Urbanismo, la propia Montesinos, que él mismo ocupó con anterioridad. Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha dicho que el alcalde alicantino "no puede seguir un minuto más" en el cargo.

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, procesó —abrió procedimiento abreviado— al primer edil y dos asesores municipales, Eduardo Díez, y Pedro de Gea, en noviembre. La juez entiende que las contrataciones “debieron realizarse legalmente a través de concurso público” y su fraccionamiento convirtió la actuación del Ayuntamiento en “arbitraria”, ya que benefició a profesionales elegidos “por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”.

La Audiencia ha confirmado ahora esa resolución porque “cumple con los requisitos” que exige para su dictado la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el tribunal, resulta “improcedente analizar de forma exhaustiva las diligencias de investigación practicadas” en esta fase procesal, ya que esa función corresponde al órgano que deba celebrar el futuro juicio. Será entonces cuando se examine “si concurre prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia que asiste a los enjuiciados”. Dicho de otra manera, no consta “de forma inequívoca e indubitada la ausencia de criminalidad en la conducta de los encausados” y estos habrán de defenderse en una vista oral y pública de los delitos que se les atribuyen.

Además de esta causa judicial, Echávarri y otro concejal socialista, Carlos Giménez, titular de Recursos Humanos, están siendo investigados en otro juzgado de Alicante por supuesta prevaricación en relación con el despido de una funcionaria interina que es cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala.