PP, PSOE y Ciudadanos rechazan reformar la Ley de Amnistía de 1977

“Otra oportunidad perdida”. Así ha resumido el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, el rechazo de PP, PSOE y Ciudadanos en el Congreso de la admisión a trámite de una propuesta de reforma de la Ley de Amnistía de 1977 para poder juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista en España y el extranjero. La iniciativa, que llevaba el sello de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, se ha estrellado este martes ante los votos del PP. PSOE y Ciudadanos.

Defendida por la portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, como “única vía para saldar la deuda con la verdad y justicia de las víctimas del franquismo”, la proposición no de ley proponía reformar la Ley de Amnistía de 1977 por haber supuesto, para los proponentes, “una norma de impunidad que ha impedido la investigación y el enjuiciamiento, por parte de los juzgados y tribunales, de los crímenes internacionales cometidos por el régimen dictatorial franquista”.

Ha sido el portavoz de ERC el que ha ajustado cuentas con el PSOE, que ya había dejado claro antes del pleno a través de la diputada Adriana Lastra que no apoyaría esta iniciativa “por una cuestión de seguridad jurídica”. Tardà ha mostrado su “indignación y tristeza” ante “el muro de la vergüenza de la impunidad” del caso español y ha deplorado que, habiendo una mayoría posible para el trámite en la Cámara, el PSOE no apoyara la iniciativa ante la posibilidad de que en el futuro Ciudadanos y el PP conformen una mayoría y dejen sin resquicio este debate.

“Con ustedes las víctimas tienen alguna esperanza. Con ellos, ninguna. Les pedimos que se esfuercen. Sería muy agradecido por todas las fuerzas de tradición antifranquista. Nos sentiríamos muy compañeros de ustedes”, ha instado, sin dejar de mirar a la bancada socialista.

Pero el diputado socialista Gregorio Cámara ha defendido la ley vigente: "No es una ley de punto final como nos quieren hacer creer”. Cámara se ha apoyado en Marcos Ana y Santos Juliá para sustentar la idea de reconciliación de las dos Españas en la amnistía y el apoyo dado en su día por "una amplísima mayoría", entre la que estaban diputados socialistas y comunistas como Carmen García Bloise, Gregorio Peces Barba, Nicolás Redondo, Marcelino Camacho o Rafael Alberti. El socialista ha acusado a los proponentes de tratar de "desmontar el concepto de amnistía general". La reforma, ha dicho, afectaría a "uno de los grandes pilares de la Transición" y a "la seguridad jurídica". Frente a la iniciativa, el PSOE, ha remarcado, está "trabajando en una perspectiva diferente" en la reforma de la Ley de Memoria Histórica, "abriendo políticas integrales para los afectados".

El diputado del PP Lorenzo Torres ha echado en falta la pasión empleada en el debate en la defensa de las víctimas del franquismo para "los crímenes de ETA", y ha asegurado que en el caso de derogar la ley vigente "no ocurriría nada". "Hay otras leyes en el Código Penal que impiden enjuiciar los crímenes del franquismo", ha garantizado. En otro intento por deslegitimar la iniciativa, ha asegurado que "quienes cometieron estos delitos ahora tendrían 98 años" y "con la legalidad en la mano no se les puede juzgar". “Una cosa son las emociones y otra la legalidad, no le mientan a la gente, ha reprochado”.

Ignacio Prendes, por Ciudadanos, ha recuperado palabras de Marcelino Camacho, entonces militante del Partido Comunista, en defensa de la ley que se aprobó en 1977. Ha acusado a los proponentes de tratar de “demoler una de las bases sobre la que se construyó la Transición”, de hacer un “ejercicio de reescritura de la historia”, de “sentimiento de revancha”.

Su intervención ha tenido la réplica en Unidos Podemos. En un discurso vibrante, la diputada Yolanda Díaz le ha reprochado el uso de Camacho, quien, ha señalado, "pidió la amnistía política y laboral (despedidos por pensar diferente) y que las mujeres acusadas de cometer adulterio salieran de las prisiones". Díaz ha apuntado que Camacho nunca pensó que la ley "se convertiría en un escudo para no poder investigar lo que había ocurrido en el país y que los tribunales no investigarían los crímenes de lesa humanidad de guerra y genocidio". “No es una ley para mirar el pasado, para mi padre, sino para nuestras hijas”, ha defendido.

El pleno sí ha dado su apoyo a una proposición de ley para que los actos y omisiones del Gobierno estén bajo control de las Cortes Generales, aunque esté en funciones como sostuvo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en esas circunstancias en 2016 (que duraron 316 días) para evitar someterse ante la falta de referencia expresa en la legislación. La Iniciativa del PNV, defendida por el diputado Mikel Legarda, ha sido apoyada por la mayoría de la Cámara, sin el PP, y ha recibido calificativos como “razonable” o “de cajón” y ha dado pie a intervenciones muy críticas de PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos con la actitud que mantuvo el Gobierno durante la interinidad.

Por su parte, el PP la ha calificado de “una iniciativa desfasada en los tiempos”, “nacida de la incongruencia y el oportunismo” y ha defendido la interpretación que hizo en su día de un conflicto del que no hay precedentes. Se ha referido a los periodos en funciones en Cataluña o en Andalucía, donde no hubo control a esos Gobiernos bajo argumentos similares en el caso andaluz.