El PSC reclama al Constitucional que fije una fecha máxima para la investidura en Cataluña

El Grupo del PSC en el Parlamento de Cataluña ha presentado este lunes un recurso urgente en el que reclama al Tribunal Constitucional que fije un plazo máximo para que la Cámara autonómica celebre el debate de investidura del candidato a presidente de la Generalitat. También solicita al alto tribunal que, en caso de que los partidos no presenten a ningún aspirante, fije una fecha a partir de la cual se pueda considerar “un hecho equivalente a la primera votación”, de modo que comience el cómputo de dos meses para la disolución anticipada de la legislatura que se inició tras las elecciones del 21 de diciembre.

El PSC solicita en el recurso de amparo que suspenda la decisión del pasado viernes presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar, sin fecha, el pleno previsto para este lunes, inicialmente convocado para votar la investidura del encarcelado Jordi Sànchez. Esta votación no se producirá después de que el pasado viernes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no autorizara la salida de prisión del diputado de Junts per Catalunya y expresidente de la ANC para participar en el debate. Torrent decidió aplazar el pleno para pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronunciara sobre esta decisión judicial. Sin embargo, finalmente se decidió no recurrir al tribunal con sede en Estrasburgo (Francia).

El Constitucional ya admitió a trámite un recurso del PSC contra la decisión de Torrent de aplazar, sin fecha, la celebración del pleno de investidura del diputado y expresidente autonómico Carles Puigdemont, fugado a Bélgica. En aquella ocasión, el alto tribunal rechazó las medidas cautelares que solicitaban los socialistas catalanes.

“El mantenimiento del aplazamiento sin fecha cierta para su celebración de un pleno de investidura no es en absoluto inocuo (…) y afecta al derecho a la participación política de la ciudadanía, en este caso mediante representantes”, señalan los socialistas catalanes. El Parlament, afirman, “se encuentra ante una situación completamente anómala, por la limitación que comporta la suspensión, también sin fecha cierta para su recuperación, de las funciones” legislativas.

“Cada día que pasa en esta situación es, por tanto, un día en el que queda cercenado el derecho a la participación política de la ciudadanía catalana (…) y en el que se vulnera el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”, se quejan los recurrentes. “La afectación existe y es insostenible mantener una situación anómala como la descrita sin que sufra por ello el conjunto del sistema institucional, basado en el parlamentarismo racionalizado, de la Generalitat de Catalunya, su gobierno y su parlamento”, concluyen.