Sito Miñanco arrastra a su familia en su primer juicio por blanqueo

Tres semanas después de ser implicado en el transporte de casi cinco toneladas de cocaína, José Ramón Prado, Sito Miñanco, afronta esposado en la Audiencia de Pontevedra, desde este martes, su primer proceso judicial por blanqueo de dinero, acusado de mover 10 millones de euros del narcotráfico a través de una inmobiliaria por lo que podría sumar otros seis años de estancia en prisión.

Es el segundo intento de juzgar al capo gallego por blanqueo, después de ser archivada la primera causa en un juzgado de Vilagarcía de Arousa, en 2012. Pero esta vez, los negocios bajo sospecha de Miñanco con una antigua sociedad, Inmobiliaria San Saturnino, fundada en 1985 en su etapa de contrabandista de tabaco, han arrastrado a su exmujer y la mayor de sus tres hijas para las que el fiscal solicita la misma condena, multa de 10 millones para cada uno, el decomiso de la sociedad y de 21 fincas de un proyecto urbanístico a pie de playa en Sanxenxo.

Este varapalo a la supuesta infraestructura económica de Miñanco en el sur de Pontevedra se encadena a las intervenciones judiciales ordenadas por la Audiencia Nacional, en el contexto de la Operación Mito, de bienes e inmuebles por valor de 15 millones de euros, el bloqueo de 171 inmuebles, cinco barcos y 139 cuentas bancarias y otros productos financieros.

Pese a la persistente huelga de funcionarios en Galicia que mantiene bloqueada la Administración de Justicia, el juicio de Miñanco es uno de los pocos que no sufrirá retraso o suspensión al tratarse de una causa con preso, según indicaron fuentes judiciales. La sección segunda de la Audiencia pontevedresa, presidida por el magistrado Xosé Xoán Barreiro, ha previsto dos sesiones de juicio en el que también comparecerán como acusados y presuntos testaferros de Miñanco, una cuñada y el que fuera su constructor de referencia y hombre de confianza, el empresario José Alberto Aguín Magdalena. Ambos también se enfrentan a una condena de seis años de cárcel.

La Audiencia de Pontevedra ha desestimado todos los intentos de la defensa de Prado Bugallo por demostrar que los hechos ya han prescrito y alegan que este se desvinculó de las actividades empresariales de la sociedad a principios de los noventa cuando se separó de su mujer. De hecho, la petición de archivo de la instrucción que abrió en 2009 un juzgado de Cambados llegó a ser estimado por un tribunal de la Audiencia de Pontevedra aunque finalmente fue revocado por otro tras recurrirlo la fiscalía.

El fiscal Jesús Calles sostiene que la inmobiliaria de la que fue administrador Sito Miñanco y su mujer Rosa Pouso, “empleó dinero del narcotráfico” para operar en la adquisición de propiedades hasta al menos 2007. En el ejerció 2004 (declaró unos ingresos de más de 140.000 y unos gastos de 64.000) promovió la construcción de una nave destinada a lavado y engrase de automóviles en Castrelo, Cambados, con una inversión de casi 300.000 euros que fue alquilada por la sociedad. Entre 2005 y 2007, San Saturnino tuvo unos ingresos 1,3 millones de euros y compró una casa de planta baja y piso alto en Cambados por 480.000 euros, con un valor de mercado estimado en 397.313, según informes de la Agencia Tributaria.

También el fiscal cree que los ingresos de la hija de Prado Bugallo “a lo largo de esos años en modo alguno justificarían la posibilidad de adquirir por sí sola” inmuebles a través de la sociedad investigada en la que también figuró como socio y administrador el empresario José Aguín Magdalena, con antecedentes por receptación tras ser detenido junto a Miñanco en 1991. Esta adquirió un terreno de 12.906 metros cuadrados frente a la playa de Montalvo, en Sanxenxo cuyo valor catastral es de 175.000 euros.

Las fuentes de ingresos de la inmobiliaria provienen del alquiler de las instalaciones de la empresa Astilleros Facho S.L., vinculada al grupo familiar y que, según la policía, seguiría fabricando narcolanchas para Sito Milñanco, el arrendamiento de varios pisos o locales del edificio sito en la Avenida de Galicia de Cambados y el alquiler de un local de su propiedad para un negocio de lavado de coches.

En Sanxenxo, Rosa Pouso y Aguín Magdalena realizaron una serie de actuaciones que incrementaron exponencialmente su valor, añade el escrito de acusación. Así, en 2005, actuando en representación de la entidad Jolva S.L., Aguín Magdalena presentó un plan parcial aprobado por el Ayuntamiento de Sanxenxo en 2007 por el que cuatro años después se constituyó una entidad de gestión para urbanizar la parcela dividida en 21 fincas.