Amnistía Internacional describe un abuso en la acusación de enaltecimiento del terrorismo
La ONG reprocha a España que la policía usó una "fuerza excesiva" el 1 de octubre
Amnistía Internacional denuncia este año en su informe anual, donde analiza la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo, que en España se está produciendo un uso abusivo de la acusación de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. "Las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional", reza el documento de la ONG, hecho público este jueves, donde se indica que los tribunales declararon culpables a 20 personas en 2017 por estos motivos. Entre ellas, a Cassandra Vera, tras publicar en Twitter "unos chistes" sobre el asesinato en 1973 de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura.
"Se procesó a decenas de personas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en las redes sociales", reprocha Amnistía que también refleja el sobreseimiento contra los titiriteros que en febrero de 2016 permanecieron cinco días en prisión provisional "por cargos de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio".
Amnistía Internacional también habla en su informe sobre el procés. La ONG aborda la crisis catalana para denunciar, entre otros temas, que la policía empleó "una fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos" durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. "Dispararon cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirieron de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo", recuerda el documento difundido este jueves.
La ONG recalca que "algunas" autoridades españolas "restringieron desproporcionalmente el derecho a la libertad de expresión y de reunión de personas que apoyaban la independencia" durante esos meses. Y, en ese sentido, el informe indica que los tribunales llegaron a impedir dos reuniones públicas de apoyo al referéndum en Madrid y Vitoria; y que el Ayuntamiento de Castelldefels dictó una prohibición general para que no se usaran espacios públicos para reuniones sobre la consulta. Amnistía Internacional se refiere además al encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez por presunta sedición. "Un delito definido de manera muy general", apunta la ONG.
Pero la batería de reproches a España no queda ahí. La organización también recuerda que España ha incumplido su compromiso de reubicar a 15.888 refugiados; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró ilegales las devoluciones en caliente de inmigrantes en Melilla; que el gasto público en vivienda social continúa disminuyendo; que se siguen cerrando investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo; y que no se toman medidas para localizar e identificar a las miles de víctimas enterradas en las cunetas.
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