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Una investigación manifiestamente mejorable

Una juez militar deja en evidencia la falta de rigor de la comisión oficial que investiga los accidentes del Ejército del Aire

Estado en que quedó el caza F-5 siniestrado. Ampliar foto
Estado en que quedó el caza F-5 siniestrado.

Se estrella un Eurofighter en Albacete, el pasado 12 de octubre, y cinco días después lo hace un F-18 en Torrejón de Ardoz (Madrid). Caen dos helicópteros en Canarias en solo 19 meses, en marzo de 2014 y octubre de 2015. Pasados los funerales y las condecoraciones, nunca se conoce públicamente las causas de estos siniestros.

La Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), el organismo encargado de aclararlas, elabora un informe que remite al juez castrense. Y la justicia militar, que atribuye a los informes de la CITAAM “eficacia probatoria, sin necesidad de contradicción procesal”, se basa en ellos para concluir los procedimientos, casi siempre sin responsabilidad. Hasta ahora.

La juez togado número 12, que instruye diligencias por el accidente de un caza F-5 en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz) el 2 de noviembre de 2012, en el que murió un comandante-instructor y resultó gravemente herido un alférez-alumno, citó en enero como testigos a los miembros de la CITAAM y sus declaraciones dejaron en evidencia las lagunas y falta de rigor de la investigación oficial.

El jefe del equipo, un teniente coronel piloto, admitió que no verificaron si el instructor cumplía los requisitos para ejercer como tal, pues se limitaron a tomar nota de la calificación que le dio la unidad. Cuando la juez le recordó que no reunía las horas de misión ni de simulador exigidas por la normativa, respondió que, de saberlo entonces, “se hubiera puesto” en el informe oficial y habría preguntado por ello.

Por su parte, el ingeniero de la CITAAM admitió que ignoraba dónde había estado montado anteriormente el disco cuya rotura por fatiga causó el accidente, ya que se había perdido su historial, y no supo explicar por qué no se cambió en la última revisión, aunque estaba previsto que caducara antes de la siguiente, ni por qué no se pidió ayuda a la empresa fabricante del motor, mientras que sí se hizo con la del sillón eyectable, irrelevante para la investigación.

“Que no es perito judicial, ni perito de nada, que no llevan a cabo ninguna investigación de lo que hace el Ala 23 [la unidad del F-5], sino una revisión de sus registros”, contestó el ingeniero airado. La paradoja radica en que el informe oficial se basó en los datos aportados por el taller de mantenimiento del Ala 23, cuando se supone que había que aclarar si el mantenimiento que hizo del avión fue el correcto.

Por su parte, la médico militar de la CITAAM admitió ante la juez que consignó en el informe una supuesta contractura en el brazo derecho del alumno sin haberle hecho ningún reconocimiento y solo en base a una charla en la cafetería del hospital.

Lo más inexplicable es que la comisión de investigación nunca interrogó al único superviviente del accidente, al que implícitamente culpó en sus conclusiones, pues el general de la CITAAM “no lo consideró necesario”, según el jefe del equipo.

El fiscal togado se opuso por todos los medios y hasta el final a que los miembros de la CITAAM declarsen ante la juez e incluso les advirtió de que incurrirían en delito si revelaban algún secreto. Pero el mayor secreto es que nunca se hizo una investigación digna de tal nombre.

 

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