Jueces de Sevilla alertan del riesgo para la salud por la sobrecarga de trabajo

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"La sobrecarga de trabajo está afectando a nuestra salud laboral". Las palabras del magistrado de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla Francisco Gutiérrez resumen la denuncia que una veintena de jueces han presentado ante la comisión de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El escrito, firmado por 20 de los 21 magistrados de las secciones penales de esta Audiencia, alertan del "riesgo para la salud física y psicosocial" que conlleva el volumen de trabajo que soportan y que se ha agravado con la llegada de macrocausas como la de los ERE. Esta denuncia coincide con la demanda que las cuatro principales asociaciones judiciales han presentado contra el Poder Judicial para que regule la carga de trabajo del colectivo.

Los magistrados sevillanos señalan en su escrito, presentado el 6 de febrero y que han hecho público este jueves, que el año pasado recibieron 417 asuntos de media cuando el cupo fijado por el CGPJ oscila entre 264 y 316. Denuncian que vienen soportando una carga de trabajo que, "en realidad, es para 27". A ello se suma que, de los 21 magistrados, tres están asignados para el juicio de los ERE, una de baja, otro exento de reparto para el dictado de la sentencia contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera y otro al 50%. "Con esta carga hay dos soluciones y las dos son malas, o se retrasan los asuntos a los que no se les puede meter mano o tenemos la sensación de que lo que se nos está pidiendo es quítatelo de encima como puedas y si no podemos poner buenas sentencias discutidas entre nosotros quienes lo van a pagar son los ciudadanos", ha lamentado el magistrado de la sección cuarta Juan Manuel de Paúl. Los jueces han alertado también del "colapso" que supondrá en los próximos meses la celebración de las distintas macrocausas.

En esta situación, el grupo ha pedido al servicio de Prevención del CGPJ que elabore un informe sobre "la situación de riesgo" para su salud y que se analice esta denuncia en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud para que "se impulsen las medidas necesarias". Si en el plazo de cinco días no reciben una respuesta "satisfactoria", aseguran que trasladarán su denuncia a las asociaciones judiciales "para que impulsen las medidas que consideren oportunas en defensa de nuestros derechos". Fuentes del CGPJ señalan que dicha comisión no tiene fechas programadas de reunión y que se convocan en función de los asuntos. Los magistrados han asegurado que han tomado la decisión de acudir al Poder Judicial tras pedir reiteradamente sin éxito refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que por el momento prefiere no pronunciarse. 

El paso dado por estos jueces recuerda el caso del también magistrado de la Audiencia de Sevilla Joaquín Sánchez Ugena, quien falleció en 2014 a consecuencia de la carga de trabajo que soportaba, según reconoció hace tres años el TSJA. El alto tribunal andaluz consideró probado que Sánchez Ugena —quien padecía hipertensión y había sufrido varios infartos cerebrales—  murió a causa de “la ansiedad, la depresión, el estrés psicosocial y, sobre todo, el estrés producido por una inmensa carga de trabajo”, que el TSJA llega a calificar como inasumible. El TSJA consideró el fallecimiento del magistrado accidente laboral.

La denuncia de los magistrados también pone rostros a la demanda que las principales asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han presentado contra el CGPJ y cuyo juicio se celebró ayer en la Audiencia Nacional. El colectivo defiende que la carga de trabajo atienda a criterios de salud y asegura que el mapa judicial de riesgos y el sistema de alerta son inadecuados por usar el criterio sobre la carga de trabajo solo en función de la entrada de asuntos en un órgano. En este sentido, la defensa del CGPJ mantiene que se cumple con el plan de prevención de riesgos laborales y ha explicado que se han adaptado las cargas de trabajo de cada uno de los órganos judiciales siguiendo ese criterio. Todo ello dentro de "un proceso dinámico" en el que se atienden las incidencias que puedan afectar al titular de un órgano y, en el caso de detectar un riesgo, "se modula esa carga de trabajo". Asimismo, defiende que se han evaluado esos riesgos y se han adoptado medidas preventivas.