El Gobierno reactiva su agenda con cinco nuevas leyes

Mariano Rajoy ha convocado a los líderes regionales del PP para mantener un almuerzo de trabajo en el que intentarán consensuar una posición común sobre financiación autonómica y una estrategia con la que responder al reto que les plantea Ciudadanos.

Además de los presidentes asistirán la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la secretaria General y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo; los vicesecretarios Javier Maroto, Javier Arenas, Pablo Casado y Andrea Levy.

"Es un momento importante y es bueno que los presidentes del partido pongan sus opiniones encima de la mesa", ha explicado Sáenz de Santamaría. "Vamos a hablar de financiación autonómica, de la comisión territorial abierta en el Congreso, y de un conjunto de iniciativas importantes, además de preparar la agenda del partido y los programas [de las elecciones municipales y autonómicas de 2019]", ha añadido.

Aunque el Gobierno intenta reactivar su agenda para abandonar el monotema de Cataluña, el Ejecutivo mantiene los cinco sentidos puestos en la resolución de la crisis que ha desatado el intento de investir como presidente a Carles Puigdemont.

Así, en La Moncloa ya se han encargado análisis e informes sobre qué pasos jurídicos se deben dar en el caso de que los independentistas intenten investir simbólicamente al expresident, sea a través de una asamblea de electos o tras un cambio en la ley de gobierno catalana.

Fuentes gubernamentales consideran que Roger Torrent, el presidente del Parlament, está ya en una situación "delicada" y que debe mover ficha para sacar a Cataluña del limbo jurídico en el que se encuentra, sin Gobierno, sin candidato viable y sin una sesión de investidura que al menos ponga en marcha el descuento hacia nuevas elecciones.

Desde La Moncloa se admite que la situación es "etérea" y se apuesta como primera medida por esperar dos novedades. Primero, al informe de los letrados del Parlament, que deben decidir si el descuento de dos meses hacia nuevas elecciones en Cataluña ha echado a andar pese a que no se ha votado aún ninguna investidura. Y segundo, a que la presión política de Ciudadanos y el PP en el Parlament sirva para que Torrent rectifique su posición y acepte proponer a un candidato distinto a Puigdemont.

En ese sentido, el Ejecutivo apela a Ciudadanos, ganador de las elecciones, que con sus diputados tiene la fuerza suficiente para lograr que se convoque la junta de portavoces, donde se podría debatir la convocatoria de la Mesa del Parlament para intentar desbloquear la situación.