El Gobierno confía en que se abra paso la vía de Junqueras

El Gobierno sigue con la máxima atención los movimientos del mundo independentista catalán y especialmente las propuestas de ERC. Los republicanos quieren romper el bloqueo con la elección de un presidente de la Generalitat que no tenga problemas con la Justicia, aunque ofrecería a Carles Puigdemont una presidencia simbólica. El Ejecutivo no quiere saber nada de esta segunda parte, ya que jamás tendría su reconocimiento, pero sí le interesa la apuesta de ERC por elegir a un Gobierno legal que llevaría al levantamiento del artículo 155.

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No solo el mensaje de abatimiento de Carles Puigdemont, sino los pasos adelante de ERC hacen que el Ejecutivo albergue alguna expectativa de que quizá pueda evitarse el bloqueo en la formación del Govern. Esta es la impresión del Gobierno y del PP. Este jueves la corroboraron tras conocer las propuestas que ERC, a través de su presidente, Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Estremera, declaró a Diario 16. La propuesta de una presidencia simbólica para Puigdemont les parece de consumo interno y sobre ella el Ejecutivo no quiere saber nada. Sí les interesa en grado sumo la propuesta de Junqueras de que se elija como presidente a un diputado que no tenga problemas con la justicia para que su nombramiento sea perfectamente legal.

Además, el Gobierno está a la espera de conocer el informe de los letrados del Parlament que debe resolver si con la programación de la sesión de investidura del pasado martes, luego suspendida, ha empezado a correr el plazo de dos meses tras el que sería obligatorio convocar elecciones. En el Ejecutivo reconocen que hay distintas opiniones al respecto, aunque la mayoría de las fuentes considera que no han empezado a correr los plazos.

Sin plazo obligatorio

La ley de la Presidencia de la Generalitat establece que el presidente del Parlament, Roger Torrent, debe proponer un candidato a encabezar el Govern y convocar el pleno de investidura en los 10 primeros días siguientes a la constitución de la Cámara. Pero no establece ningún plazo obligatorio para fijar la votación de investidura. Y es taxativa en que esta es necesaria para que empiece a contar el descuento hacia la convocatoria de elecciones si ningún candidato es elegido: “Si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido elegido ningún candidato o candidata, la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalidad en funciones convoca elecciones de forma inmediata”.

Si los letrados del Parlament interpretan la ley en ese sentido, Cataluña quedará instalada en un limbo. En principio, ninguna ley podría obligar a Torrent a acelerar los plazos ni abocaría a elecciones. ¿Podría el Gobierno aplicar de nuevo el 155 para deshacer esa situación? “Si hay que actuar, se actuará”, dicen desde La Moncloa, aunque el margen es exiguo. El acuerdo original para la intervención de Cataluña sí concede a Rajoy la capacidad de convocar elecciones, pero la limita a los primeros seis meses de la intervención —plazo que vence en abril— y no deja claro si se puede emplear en más de una ocasión. Además, el Estatuto de Cataluña señala: “Esta facultad [convocar elecciones] no puede ser ejercida si no ha transcurrido un año como mínimo desde la última disolución [del Parlament] por este procedimiento”. Por tanto, como Rajoy ya convocó las elecciones del 21-D, si finalmente no se produce ninguna votación de investidura y no echa a andar el reloj de los dos meses, en principio Rajoy no podría volver a convocar elecciones hasta octubre de 2018.