Nadal: “El Supremo no nos dejó hacer otra cosa que pagar la indemización de Castor”

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, no ha disipado las dudas de los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras de la plataforma gasística Castor, cuya actividad se paralizó por las consecuencias sísmicas que causaba. Nadal ha justificado el pago de la indemnización en que el Gobierno no tenía la sentencia favorable del procedimiento de lesividad que pidió al Tribunal Supremo. "El Tribunal Supremo no nos ha dejado hacer otra cosa", ha sorteado.

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El ministro, que se ha limitado a recapitular el proceso que llevó al cierre de la planta de almacenamiento de gas de Vinaròs (Castellón), ha fundamentado el desembolso en que se había creado una situación que podía tener grandes consecuencias para la economía española. Se creó "el problema de una instalación que tenía una estructura que la constructora cobró y quedaba una empresa gestora con prácticamente nada de capital y con una enorme deuda que en gran parte era del Banco Europeo de Inversiones".

El Gobierno, según Nadal, actuó rápido, mediante un decreto ley, "para evitar el riesgo de quiebra de la empresa", algo que en un momento en el que "había deudas sobre el euro y la deuda soberana" podía terminar afectando a las finanzas del Estado. El Gobierno, tras un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que se concluía que era "casi seguro" que las inyecciones causaban los movimientos sísmicos, decidió parar la actividad y que no se volviera a utilizar la plataforma, a la espera de un informe sobre la viabilidad del desmantelamiento.

En esas circunstancias, ha referido, el Gobierno pidió un procedimiento de lesividad al Tribunal Supremo para que las decisiones que se hubiesen tomado en el pasado, en especial el contrato con la empresa, fuese declarado lesivo y no pudiese procederse a su incursión dentro del sistema gasístico y evitar su retribución. Sin embargo, el Supremo no lo aceptó. A partir de ahí, según el ministro, se decidió no operar en la planta, se hizo un control de daños y se renegoció la deuda, "bajando de 280 a 91 millones el coste de la instalación sin operar".

El problema, ha insistido, es que si no se hacía el pago pronto, la entidad entraba en quiebra. "¿Qué querían un default del sistema gasístico español y frente al Banco Europeo de Inversiones y otros grandes fondos que habían financiado la infraestructura? ¿Que en plena crisis de la deuda y el euro España hiciese un default de 1.300 millones? ¿Querían una irresponsabilidad y crear un problema enorme de reputación de la deuda española?", ha reprochado a una oposición insatisfecha con sus explicaciones.

El ministro ha justificado la celeridad del Gobierno, que apenas tardó 35 días en abonar la indemnización, en que la sentencia del Supremo no dejaba opción. "La sentencia del Constitucional nos da ahora lo que el Supremo nos negó", ha deplorado. Nadal ha desviado toda la responsabilidad de lo que ocurra a partir de la sentencia hacia la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CMNC), un organismo independiente que es el que tiene la gestión de la liquidación del sistema gasístico. "Muchas de las preguntas las tenían que haber dirigido al presidente de ese organismo", ha recriminado a los grupos de la oposición.

El compareciente, que ha advertido que tras la suspensión de los pagos a la banca por parte de la CMNC habrá "litigiosidad" por parte de los privados, ha argumentado que cuando salió la sentencia el Gobierno mandó una carta a la CMNC "para que, como gestor del sistema de liquidación del gas, aplique la sentencia". "La consecuencia es que hay una sentencia que por motivos formales considera que este coste no puede formar parte del sistema gasista y, a partir de ahí, la CMNC ha cumplido la sentencia. Esto es lo que va a ocurrir: se cumple la sentencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. ¿Qué más queremos que se haga?", ha preguntado ante la curiosidad insatisfecha de la oposición, que lo ha acusado de ponerse de perfil y defender los intereses de las grandes empresas frente a los ciudadanos.

Por otro lado, Nadal ha propuesto a las Cortes Generales un cambio de normativa en el desmantelamiento de las centrales nucleares para que sean sus titulares los que asuman el coste y no el Estado a través de la empresa pública Enresa, como adelantó EL PAÍS.