La falta de educadores en un colegio de Valencia deja sin clases a un menor con una discapacidad

Aithor, alumno de 3º de Primaria en el colegio Cavite-Isla de Hierro de Valencia, tiene ocho años y una discapacidad del 79% debido a una enfermedad neuromuscular poco común. Su colegio, que sobre el papel tiene asignados dos educadores, lleva meses con una de esas plazas vacante porque la Administración autonómica no la cubre. Cuando la única cuidadora del centro cae enferma, Aithor, que sea alimenta por sonda y carece de movilidad, se queda sin asistencia especializada y, por tanto, sin poder ir al colegio.

“Aithor tiene unos derechos y la Administración tiene que garantizárselos”, exclama indignada su madre, Raquel Roca. La Generalitat Valenciana no cubre el puesto vacante de la segunda cuidadora y los alumnos con necesidades educativas especiales se resienten. La Consejería de Educación valenciana responde que estos trabajadores públicos dependen de otra consejería, la de Justicia y Administraciones Públicas. En el colegio Cavite, uno de los dos educadores en plantilla renunció al puesto y Educación pidió a Administración Pública que lo sustituyera. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se haga”, aseguran en el departamento.

La madre de Aithor, jubilada por enfermedad y con otro hijo de 14 años, se rebela contra una situación que le parece injusta. “Me da igual de quien sea responsabilidad; mi hijo tiene que estar atendido en el colegio. No estoy hablando de que me traigan un ordenador o un megapupitre”, enfatiza cargándose de razón.

“Me da igual de quien sea responsabilidad; mi hijo tiene que estar atendido”, protesta la madre

Cavite es el colegio de Aithor desde que lo matricularon con tres años. Sus padres han hecho frente a más de una eventualidad. “Pero ya no más, porque a mi hijo le hacen un flaco favor. Que yo vaya a atenderlo al colegio es un parche. En esos casos, estoy todo el día pendiente del teléfono, yendo y viniendo para cambiarlo, darle el almuerzo, la comida… Es la educadora o yo. Ni monitores de comedor ni nadie más, por lo que cuando ella falta mi hijo no puede ir al cole. O va, pero sin las debidas garantías”, describe Raquel.

El pequeño de ocho años tiene las facultades cognitivas al ciento por ciento; su problema es de carácter neuromuscular [padece Miopatía Nemalínica]. De hecho, la visita de Aithor tres veces por semana a la Unidad de Daño Cerebral del Hospital del Carmen, en la Malva-rosa, le ha reportado avances. Va a rehabilitación y a logopedia porque tiene alguna dificultad de habla pero el niño lee, escribe y se entera de todo, cuenta su madre.

Tanto es así que hace unos días, cuando el pequeño tuvo que quedarse en casa —su educadora estuvo tres días de baja—, Aithor le trasladó su inquietud a Raquel: “’Mamá, todo esto es culpa mía’ me dijo. Y yo le contesté: ‘No, hijo mío. Esto no es culpa tuya sino de los que nos gobiernan, que no ponen medios para que puedas ir al colegio’”. Aithor no quiere otro centro escolar porque allí están sus amigos, está en el barrio y él es uno más. El centro necesita un educador más y así lo ha reiterado a la Generalitat.

Veinte vacantes de cuidadores

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A propósito de este y otros casos, la federación de Asociaciones de Madres y Padres de Valencia, se ha reunido con la Generalitat para pedirle que subsane este problema. En la actualidad hay una veintena de plazas de cuidadores sin cubrir a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. La Administración les garantizan que en 15 días tendrán la segunda educadora que les corresponde. Raquel se alegra del resultado del encuentro pero advierte de que si no lo solucionan saldrá de nuevo a pedirlo.

En el colegio de Cavite, en pleno distrito marítimo de Valencia, faltan brazos y manos para los alumnos con necesidades educativas especiales porque, en tanto que centro inclusivo, tiene un aula CYL (de Comunicación y Lenguaje), con ocho alumnos —algunos de ellos con autismo o déficit de atención— que absorben todo el tiempo de pedagoga y logopeda, que echan muy en falta la presencia de otra educadora en el colegio.

El grito de alarma lanzado por Raquel y las acciones de Ampas y otros familiares de niños con necesidades educativas especiales han conseguido que el departamento responsable convoque de urgencia un procedimiento extraordinario para dotar de personal las plazas vacantes.

En la provincia de Alicante, la Plataforma de Educadores de alumnos de Educación Especial e Infantil intervinieron hace unos días en el pleno del Ayuntamiento alicantino de Ibi para solicitar apoyo a unas demandas por las que luchan desde hace 21 meses. Quieren integrarse en los equipos educativos de los centros y una retribución acorde con la titulación que se les exige, la de Técnico Especialista en Educación Infantil.