Por qué viajar a Dinamarca es peligroso para Puigdemont

El viaje de Carles Puigdemont a Copenhague para participar hoy a las 14.00 en unas jornadas universitarias ha puesto en alerta a la Justicia española y al equipo jurídico del propio expresident de la Generalitat. La Fiscalía General del Estado anunció ayer que si el político —fugado a finales de octubre a Bruselas— se desplaza finalmente a la capital danesa pedirá “inmediatamente” que se reactive la orden europea de detención contra él. En una nota, la Fiscalía aseguró que estará pendiente de una posible “confirmación oficial vía policial” de los movimientos del “investigado” para tomar una decisión. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también anunció que de viajar Puigdemont a Copenhague “puede ser detenido si se activa la euroorden”. Fuentes policiales confirmaron ayer que los servicios de información están en alerta desde hace días para detectar cualquier movimiento.

Más información

La Fiscalía pedirá la euroorden de detención contra Puigdemont si viaja a Dinamarca

Escenarios para una investidura imposible

Últimas noticias de Cataluña

De producirse esa confirmación, la Fiscalía solicitará al magistrado instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, la inmediata activación de la euroorden a la autoridad judicial danesa. El 5 de diciembre, Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros imputados por el proceso independentista que se encuentran con él en Bruselas, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos si entran en España.

El equipo jurídico del expresident reconoce el peligro de arresto que supondría el desplazamiento y, de hecho, en los últimos días le ha recomendado que desista de hacerlo. Su abogado en España, Jaume Alonso-Cuevillas, mostraba ayer en una entrevista en Rac1 su convencimiento de que “el Estado español tiene la euroorden preparadísima” y que, por tanto, “el riesgo de detención es bastante alto”. En esa misma línea, otras fuentes del equipo jurídico de Puigdemont aseguran que el expresidente se enfrentaría en el país nórdico a una situación “muy distinta” a la que ha vivido hasta ahora en Bruselas. “Dinamarca no es Bélgica”, recalcan.

Las fuentes consultadas añaden que la legislación danesa que fija los pasos para tramitar la eurooden está plagada de “automatismos”, lo que deja poco margen de maniobra para presentar recursos con los que impedir la entrega. Y recuerdan que, por ejemplo, en determinados casos no exige que el delito por el que se reclama al fugitivo exista en su ordenamiento, como sí pasa en Bélgica. Al incorporar la euroorden a su ordenamiento Copenhague eliminó la posibilidad de rechazar una entrega por delitos de índole política o por falta de pruebas. Lo que sí incluyó fueron límites de tiempo al arresto hasta su entrega al país reclamante. “Dinamarca es uno de los países de la UE que pone más facilidades para extraditar”, concluyen.

La determinación de la Fiscalía de reactivar la orden europea de detención si Puigdemont viaja a Dinamarca pone al magistrado Llarena en una encrucijada. Su decisión de retirar la euroorden que había dictado la Audiencia Nacional fue una maniobra arriesgada que tuvo defensores y críticos dentro del alto tribunal. Pero una vez adoptada, la intención era no volver a reactivarla a la espera de que el expresident volviera a España, ya fuera antes de las elecciones del 21-D para participar en la campaña —situación que no se dio— o para ser investido presidente.

En los últimos días, según las fuentes consultadas, ha ido cundiendo la idea de que Puigdemont no se iba a arriesgar a volver a sabiendas de que sería detenido y encarcelado, por lo que la posibilidad de tener que replantearse una nueva petición estaba sobre la mesa, pero para llevarla a cabo a medio plazo. Si se pide ahora y el expresidente sigue en Bélgica, todo apunta a que existirían las mismas trabas que llevaron a Llarena a retirar la petición en diciembre: la posibilidad de que Bélgica, donde el delito de rebelión no tiene un equivalente claro en su Código Penal, concediera la entrega solo por el delito de desobediencia y, como mucho, el de malversación, pero no por rebelión, el más grave de los que se le atribuye a los líderes independentistas y el que vertebra toda la causa.

La idea del Supremo es esperar a que la investigación esté más avanzada y tener armado, con pruebas documentales y declaraciones de imputados y testigos, el relato de hechos delictivos contra todos los investigados. Un relato que situaría a Puigdemont como el líder y con el que se intentaría convencer al juez de Bruselas para que concediera la entrega por todos los delitos. El momento oportuno para pedirlo, según las fuentes consultadas, sería, como mínimo, a partir del auto de procesamiento, aunque no se descarta celebrar el juicio sin que estén presentes ni el expresidente ni los cuatro exconsejeros fugados, y pedir la entrega a Belgica ya con la sentencia para que, en caso de condena, cumplieran aquí la pena.

Estos planes no habían cambiado, en un principio, tras anunciarse el viaje a Dinamarca porque en el Supremo temían que, al tratarse de un viaje relámpago, no diera tiempo de tramitar la euroorden antes de que el expresidente catalán volviera a Bélgica, lo que dejaría de nuevo la entrega en manos de este país. Pero la posibilidad de que la Fiscalía pida que se reactive supone un obstáculo para Llarena, que tendría que pronunciarse sobre esa petición y argumentarla. Y aunque los argumentos que sirvieron para retirarla siguen vigentes, cada vez son más las voces jurídicas que advierten de la anomalía que supone la situación actual, en la que la justicia conoce dónde se encuentra el principal encausado pero no ordena su detención.