Rajoy quiere celebrar el debate de la nación con el horizonte catalán despejado
El Gobierno advierte a Puigdemont que se enfrentará con la Justicia si trata de ser investido telemáticamente
El Gobierno prevé celebrar el debate del estado de la nación antes del 21 de marzo. Para entonces, Mariano Rajoy confía en que el panorama político catalán se haya despejado. Bien porque se haya podido elegir a un presidente de la Generalitat con plenas garantías legales, bien porque se esté ya en vías de convocar nuevas elecciones en esa comunidad. El Ejecutivo está preparado para recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier decisión de la Mesa del Parlament que autorice la investidura telemática o por delegación de Carles Puigdemont.
El grupo parlamentario de Unidos Podemos puede atribuirse con razón haber obligado a que el Gobierno se pronuncie sobre cuándo tiene previsto convocar el debate del estado de la nación, que no se celebra desde 2015. Su líder, Pablo Iglesias, urgió su convocatoria verbalmente a principios de semana y el jueves registró en el Congreso la petición al Gobierno de que se celebre. La respuesta se ha producido este viernes.
La cuestión catalana va a resultar crucial para marcar la fecha en la que se vaya a celebrar el debate en el que el Gobierno de la nación se examina en el Congreso ante los grupos parlamentarios. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la sesión tendrá lugar “antes de primavera”; por tanto, el límite se ha marcado en el 21 de marzo. No obstante, el calendario catalán obliga a dejar un margen para la duda, ya que el plazo para convocar nuevas elecciones en Cataluña, en el supuesto de que ningún candidato consiga ser investido, termina a finales de marzo. Fuentes gubernamentales creen que antes de que termine marzo habrá un nuevo presidente y un nuevo Govern en Cataluña, pero admiten que es imposible tener certeza absoluta.
La fecha concreta del debate del estado de la nación saldrá de las conversaciones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a mantener con los portavoces de los grupos parlamentarios, aunque siempre supeditada a la situación institucional de Cataluña.
Los acontecimientos que se produzcan en las próximas semanas en esa comunidad permitirán despejar la situación, sea o no del agrado del Gobierno y de las fuerzas constitucionalistas. Tanto las negociaciones para los presupuestos del Estado de este año como la puesta en marcha del debate del estado de la nación están bloqueados ante la eventualidad de que los partidos independentistas acepten la exigencia de Carles Puigdemont de mantener el pulso con el Estado y le conviertan de nuevo en presidente de la Generalitat, sin exigirle que esté presente en la Cámara catalana.
“Inmoralidad”
Muchos son los cálculos del Gobierno sobre las opciones que puede estar barajando Carles Puigdemont y hasta qué punto ERC le ayudará a mantener el pulso con el Estado. El Ejecutivo estará más que atento a los pasos que pueda dar la Mesa del Parlament, para recurrir de inmediato ante el Tribunal Constitucional cualquier aprobación de la candidatura de Puigdemont que vulnere la legalidad. Confía en que finalmente las fuerzas independentistas convencerán a Puigdemont de que no habrá recuperación del autogobierno si no se vota a un candidato que físicamente esté en la Cámara, pero se prepara para soportar aún algunos días de tensión. De no producirse ese escenario, el artículo 155 seguirá en vigor, los plazos continuarán su curso y, si nadie se presenta, habrá nuevas elecciones.
No es fácil, reconocen en el Gobierno, taponar todas las vías por las que el soberanismo pueda introducirse para presentar la candidatura de Puigdemont, aunque su esperanza está en la división que existe entre los independentistas. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado este viernes el aviso de que “la justicia caerá sobre quien incumpla la ley como ya lo ha hecho”, avisando así a los miembros de la Mesa del Parlament de que no violen el Reglamento de la Cámara y las leyes.
Puigdemont ha calificado este viernes de “inmoralidad” la negativa del Gobierno a que él pueda ser investido a distancia presidente de la Generalitat. “La inmoralidad es la del señor Puigdemont al querer sustraerse de la acción de la justicia”, le respondió Méndez de Vigo.
“Al presidente le agrada mucho debatir”
No hay problema para celebrar debates, pero hay que ordenarlos, ha dicho este viernes el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Más que ordenarlos, lo que el Gobierno espera es a que se den las condiciones para llevarlos a cabo. Hasta ahora ha estado a la espera de llegar a un acuerdo con los grupos políticos para celebrar el debate de presupuestos, pero este sigue parado, ya que el PNV, imprescindible para su aprobación, lo supedita a que se levante la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.
Otro tanto pasa con el debate del estado de la nación. “Al presidente le agrada mucho someterse a este debate”, ha asegurado Méndez de Vigo sobre esta sesión que no se celebra desde 2015 por las dos convocatorias sucesivas de elecciones generales.
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