El juez halla un desvío de tres millones para el ‘procés’ en los papeles que iban a quemar los Mossos

El juzgado de Juan Antonio Ramírez Sunyer, el de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, ha destapado apuntes contables que suman algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista. El descubrimiento lo han propiciado los papeles (30 cajas repletas de documentos en un furgón) que querían quemar efectivos de los Mossos d’Esquadra en una incineradora en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en pleno fragor separatista, según fuentes de la investigación.

El furgón de los Mossos con las cajas de papeles destinadas al fuego fue interceptado el 26 de octubre por la Policía Nacional

El furgón se dirigía el pasado 26 de octubre a la citada planta cuando fue interceptado por agentes de la Policía Nacional, que decomisaron las cajas tras un tenso diálogo con los Mossos que viajaban en el furgón que las transportaban. Los Mossos exigieron a los agentes de la Policía Nacional, que recibieron un chivatazo previo sobre esta misión, una orden judicial que, con el furgón detenido, llegó en cuestión de horas a Barcelona procedente de Madrid y firmada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien lleva ahora la causa contra el exjefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, y una de sus subordinadas.

Las primeras pesquisas apuntan a que esos más de tres millones proceden del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que habilitó el Gobierno central para todas las comunidades a raíz de la crisis y para afrontar deudas e impagos de la Generalitat. Este dinero es distinto del que supuestamente han recibido asociaciones independentistas como Òmnium Cultural en subvenciones del Gobierno del expresidente Carles Puigdemont y que en este momento está investigando, en apoyo de la Guardia Civil de Cataluña, la Unidad Central Operativa, la UCO. Es un dinero de las arcas del Estado desviado a un fin ilícito, señalan fuentes de las pesquisas.

Cuando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro decidió intervenir las cuentas de la Generalitat a mediados del pasado septiembre (de las que entonces respondía el exvicepresidente hoy preso en Estremera Oriol Junqueras), anunció, a la vez, que su departamento vigilaría especialmente el destino de las entregas de dinero estatal a la Generalitat. Según los citados medios, los papeles hallados cierran el círculo de un descuadre que también asciende a tres millones y que había sido observado por Hacienda al analizar las cuentas de la Generalitat, una vez intervenidas. Y apuntan a que ese dinero fue desviado al procés.

Estos tres millones son distintos del dinero en subvenciones que supuestamente han recibido asociaciones independentistas como Òmnium Cultural

El juez sustituto de Ramírez Sunyer, quien se acaba de reincorporar al juzgado tras una baja médica, llamó hace un mes a la Abogacía del Estado para ofrecerle intervenir en el proceso en calidad de posible perjudicada, y ante la sospecha de que el dinero es del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de la Administración General del Estado, y en este caso no específicamente de la Generalitat, lo que puede constituir otro delito de malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado se ha personado ya en el Juzgado 13 y la intención es pedir al juez Ramírez Sunyer que se inhiba de este aspecto en favor del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa matriz de los casi 40 procesos judiciales que hay abiertos en este momento en juzgados y tribunales de Cataluña y Madrid. Pretende que sea Llarena, el juez que tiene en prisión a Junqueras y a los Jordis, el que asuma esta nueva malversación, que es uno de los tres graves delitos, junto a rebelión y sedición, que ya indaga este magistrado del Supremo. El delito de malversación lleva aparejadas penas de hasta ocho años de cárcel.

La UCO, que rastrea por su lado presuntos desvíos de dinero público de la Generalitat con fines independentistas, ha hallado hasta ahora pagos en publicidad prosecesionista del Gobierno de Puigdemont y subvenciones millonarias durante años a asociaciones con fines separatistas. La investigación de la UCO, muy compleja, ya está dando frutos, según fuentes jurídicas. La Asociación Ómnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, preso en Soto del Real junto a Jordi Sánchez (expresidente de la ANC), es supuestamente la más beneficiada. También investiga la UCO si empresarios nutridos de adjudicaciones de la Generalitat han pagado a cambio de sufragar actos ilegales. Algunos tiene ya en su lupa.

Los embargos del Tribunal de Cuentas

También la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrirá una investigación sobre estos desvíos de dinero público una vez que se sustancie la causa penal. El Tribunal de Cuentas, cuando descubre un uso ilegal del dinero público, abre un expediente que puede concluir en una exigencia de la devolución del dinero so pena de embargar a los responsables sus propiedades, hasta conseguir la total restitución del dinero. La casa del expresidente Artur Mas en la calle Tuset de Barcelona está ahora embargada para afrontar los casi 5,3 millones que malversó la Generalitat durante su mandato con destino al referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Mas, y los otros siete altos cargos de su Gobierno investigados por el Tribunal de Cuentas por este asunto, sólo ha logrado reunir 2,9 millones, pagados por la ANC. La casa se le ha embargado por el dinero que falta.