El Supremo cita a la senadora del PP Pilar Barreiro por la trama Púnica

El Tribunal Supremo ha citado como investigada a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por su relación con la trama Púnica. El alto tribunal decidió abrir una causa contra Barreiro en noviembre pasado y nombró instructora a la magistrada Ana Ferrer, que ahora ha dictado una providencia en la que cita a Barreiro como investigada para el próximo 15 de enero a las 10.30. El Supremo la investiga por cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

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Después de que el alto tribunal abriera la causa contra Barreiro la propia senadora solicitó en noviembre pasado prestar declaración ante la magistrada Ferrer. El alto tribunal decidió investigar a la exalcaldesa de Cartagena asumiendo los argumentos de la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estaba a cargo de la investigación de Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreiro debido a la condición de aforada de la senadora, pero pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada a casos de corrupción.

La actuación que se atribuye a Barreiro es similar a la llevada a cabo, supuestamente, por el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que está procesado por el caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque en el caso de Barreiro los pagos sí se llevaron a cabo y en el de Sánchez, no.

Los principales hechos atribuidos a la senadora están relacionados con dos de los supuestos acuerdos a los que se refería el juez Velasco: uno para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia. Respecto al primero, la investigación recoge indicios de que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.

Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación on line a favor de ella y del entonces presidente murciano.