Vivir “en una humillación constante”

Apenas un mes después de jugarse la vida en el Mediterráneo para llegar a Europa en patera, un inmigrante argelino decidió suicidarse en la cárcel de Archidona, según las primeras pesquisas de la policía. Lo hizo en su celda —rebautizada como “habitación” por Interior en una nota de prensa—. Solo. Tras llevar más de 35 días encerrado en la prisión Málaga II, reconvertida por el Gobierno el pasado noviembre en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) "temporal". Una instalación donde Interior recluyó a más de medio millar de sin papeles y donde este viernes los agentes encontraron el cadáver. El hombre, de 36 años, se ahorcó.

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"Debe abrirse una investigación inmediata y paralizarse todas las expulsiones de los internos por si tuvieran algún tipo de información”, ha exigido este viernes José Luis Rodríguez Candela, coordinador legal de Andalucía Acoge, la ONG que ha prestado asistencia jurídica a los inmigrantes encerrados. "La violencia que ejerce el racismo institucional contra la población migrante ha provocado el suicidio de esta persona", ha denunciado también Rita Bosaho, diputada de Podemos.

El suicidio del inmigrante ha provocado este viernes una respuesta de toda la oposición. Aunque de diferente intensidad, según el partido. Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas en el Congreso donde cuestiona la "idoneidad de emplear este centro penitenciario como CIE". El PSOE ha exigido la comparecencia en el Parlamento de Juan Ignacio Zoido, responsable de Interior. Y Unidos Podemos ha presentado una proposición no de ley para reprobar al ministro. "Esta muerte debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política [migratoria]", ha sentenciado este viernes Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida. Además, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha reclamado directamente la dimisión de Zoido y de toda su cúpula de Interior.

Según los datos facilitados este viernes por el Ejecutivo, un funcionario encontró el cadáver del extranjero, que llegó a las instalaciones por orden de un juzgado de Lorca (Murcia), que en un auto fechado el pasado 20 noviembre autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero. A pesar de las prácticas de reanimación del personal, que alertó a los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar su vida. La policía avisó entonces a la comitiva judicial para el levantamiento del cuerpo y este viernes se encontraba todavía a la espera de los resultados forenses para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Este suicidio marca el primer mes de actividad de una cárcel vacía que iba a abrir sus puertas en 2018 y que, el pasado noviembre, Interior decidió reconvertir en "CIE temporal" tras la llegada de más de medio millar de extranjeros a las costas del sureste español en solo un fin de semana. Una decisión calificada de "ilegal" por la oposición y cuestionada por el Defensor del Pueblo, ya que la Ley de Extranjería insiste reiteradamente en que este tipo de reclusión debe desarrollarse en complejos de “carácter no penitenciario”.

"Pero no solo eso. En solo un mes se han reproducido en Archidona todos los males de los CIE. Se han detectado menores encerrados, pese a que lo prohíbe la legislación; se han cometido irregularidades con los solicitantes de asilo —como evidencia un auto de la Audiencia Nacional— y, por último, se han registrado muertes", sentencia Rodríguez Candela.

Deportaciones

Aunque los abogados que asisten a los extranjeros reconocen que las condiciones de la cárcel han mejorado a lo largo del mes —cuando llegaron no había ni agua potable—, los sin papeles describen un régimen similar a una prisión. Según Interior, unas 300 personas siguen encerradas en un centro penitenciario que llegó a albergar a 572 argelinos. Muchos de los cuales ya fueron deportados a su país de origen.

"Yo, M. B., llevo cinco días en Málaga II", comienza uno de los extranjeros recluidos en Archidona en una carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS y donde describe su vida dentro del complejo. "Cuando me registran, me desnudan y me menosprecian", "en cuanto a la ducha, a veces sale fría y a veces caliente" y "es una humillación constante", reza el escrito, donde el chico afirmaba ser menor de edad y pedía protección al juez de vigilancia del centro, que archivó su solicitud. No lo hizo, en cambio, el Comité de Protección de los Derechos del Niño de la ONU, que instó a España a paralizar su expulsión. Pero, según informa Andalucía Acoge, cuando llegó esta reclamación de Naciones Unidas, H. B. ya estaba fuera del país. Interior lo había deportado.