Archidona II: Otra patada a los derechos humanos
Utilizar una prisión para internar a personas indocumentadas es una barbaridad desde el punto de vista de la propia legislación española
El ritmo de la información y la cantidad de noticias que se generan parecen habernos convertido en visitantes de una exposición de arte puntillista. Pegados a los cuadros vemos el detalle, pero nos cuesta alejarnos para superar cada pequeña marca y ver el sentido global del lienzo.
Podemos aplicar esta idea a todos los ámbitos de la realidad. Si nos ceñimos al de las migraciones, sobre un fondo de incremento de las llegadas a España a raíz del cierre de las vías del Mediterráneo Oriental y Central, podemos intuir la temática del cuadro a través de esos trazos en los últimos meses.
El primero, al inicio de agosto, es la agresión de un agente de policía nacional en la frontera de Ceuta. Le propinó una patada a un migrante sin que se aprecie intención de retenerlo en su entrada irregular en España. El segundo mucho más triste, la muerte, ahogadas y sin socorro, de al menos siete mujeres en la costa melillense sin ser auxiliadas por los cuerpos de seguridad que estaban en las inmediaciones. Finalmente, llegamos a la noticia estrella de estos días: La reclusión de más de 600 personas sin haber cometido delito alguno en el Centro Penitenciario Archidona II.
Este último internamiento ha levantado protestas de múltiples actores, pues utilizar una prisión para internar a personas indocumentadas es una barbaridad desde el punto de vista de la propia legislación española.
La merma en el reconocimiento de la dignidad humana no admite tonalidades
Pero este tema es mucho más que una cuestión jurídica. Es el último punto dibujado en nuestro cuadro puntillista sobre el trato que da Europa y España a las personas migrantes. ¿Cuántos trazos más debemos aceptar para que reconozcamos estas prácticas como inhumanas? ¿Dos patadas, tres? ¿Cuatro muertas, siete, más de trescientas como este año? ¿Internar en una prisión sin delito a 500, a 600 personas, a 700?
Cuando un Ministerio incumple la propia legislación del país, cuando los cuerpos de seguridad que están para servir y proteger son dudosos de abuso de fuerza o negación de socorro, podemos empezar a sentirnos preocupados. Si el trato humano es exigible sólo después de mirar la nacionalidad, puede que estemos acostumbrándonos a que algunas cosas básicas de un Estado democrático dependan de a quién se le apliquen. ¿De qué depende el comportamiento de nuestro Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad: de la nacionalidad, del posicionamiento político, del género? La merma en el reconocimiento de la dignidad humana no admite tonalidades.
Lo que ocurre en Archidona II no es un elemento aislado que se resuelva restituyendo la situación a lo que dicta el ordenamiento jurídico nacional.
Lo que ocurre en Archidona II no es un elemento aislado que se resuelva restituyendo la situación a lo que dicta el ordenamiento jurídico nacional. Lo que ocurre en ese centro penitenciario es la constatación de un proceso de degradación del trato humanitario y del reconocimiento de los derechos fundamentales a las personas migrantes que llegan a España. Independientemente de las gravísimas irregularidades legales que se han cometido en el internamiento de más de 600 personas en Archidona II, las condiciones son similares a lo que ocurre en los CIE: Humillación de la dignidad humana a través de dificultar las condiciones de higiene personal, ausencia de ropa interior, negación de elementos de abrigo en pleno invierno o impedir el acceso a pertenencias personales. Y por encima de todo, privar de la libertad a personas absolutamente inocentes de delito alguno salvo de la búsqueda de una vida digna.
Debería preocuparnos que el cuadro acabe integrando a los espectadores mientras estos observan punto por punto su composición sin entender la temática general. Es muy posible que al final un Ministerio y una policía acostumbrados a que la dignidad humana sea agredida acaben abusando de su poder con cualquier persona que tenga un comportamiento incómodo para el Estado.
José Miguel Morales García es secretario general de Andalucía Acoge
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