Despolitización de la alta inspección educativa

Tras 40 años de Constitución, existen competencias del Estado sorprendentemente desconocidas. La Alta Inspección educativa es una de ellas. En su artículo 27, la Constitución estableció que los poderes públicos debían inspeccionar el sistema educativo haciendo un reparto competencial: a las comunidades les correspondía la inspección ordinaria y al Estado la "alta inspección". Los Estatutos de autonomía salvaguardaron expresamente esta competencia estatal, contemplada también en las sucesivas leyes educativas.

La LOCE especificó el fin de la Alta Inspección: "comprobar, verificar o velar por el cumplimiento de la legislación del Estado". Cuando la LOE de Zapatero (aprobada con apoyo de nacionalistas catalanes y vascos) la modificó, estas competencias se mantuvieron. Así el Estado debe "comprobar, velar y verificar el cumplimiento de la legislación educativa" en cuanto a 1) modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, 2) inclusión e impartición de aspectos básicos de los currículos, 3) condiciones para obtención de los títulos y sus efectos académicos o profesionales e, incluso, 4) adecuación de la concesión de las subvenciones y becas. Pero, además, al Estado le corresponde "velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables".

El reconocimiento de unas competencias es estéril si no hay cómo ejercerlas. Durante años se ha renunciado a la regulación y desarrollo de la Alta Inspección desistiendo de la efectiva supervisión para el cumplimiento legislativo en educación y para la salvaguarda de condiciones que garantizan la igualdad de los españoles en materia educativa y de derechos lingüísticos. La Constitución ofrecía y ofrece un instrumento para la equidad y la libertad que, por razones políticas, se ha convenido en desactivar: la inactividad, a complacencia de los nacionalistas, ha sido "la forma" de hacer política del PPSOE.

De aquellos lodos, estos posos. La impunidad con la que se han violentado derechos básicos durante décadas ha sido caldo de cultivo para "casos puntuales" de adoctrinamiento (como los denominó Méndez de Vigo) que hoy están en la Fiscalía. Donde el incumplimiento de la legislación se ha tolerado con "normalidad" ha alumbrado una "realidad paralela" al servicio de los nacionalismos.

Las competencias que reconoce la legislación a la Alta Inspección deben ser activadas ya. Y tiene que hacerse mediante una fórmula organizativa que garantice su despolitización. Con este fin, Ciudadanos presentó un proyecto de ley para crear una autoridad independiente de las contempladas en la legislación administrativa. En la votación de la toma en consideración del proyecto de ley de la Agencia para la Alta Inspección asistimos a la boutade y la ignorancia calculada del PSOE (cuya portavoz se empeña en confundir la Alta Inspección con la inspección ordinaria); la agresividad de los nacionalistas y la negligencia del PP, pues la votación se perdió por cinco ausencias, entre otras las del presidente de Gobierno.

Lamentablemente, a veces lo evidente es lo más difícil de ver. Después del no debate de nuestra propuesta, quedan claras dos cuestiones. La primera, que nuestra ley no sólo es necesaria, sino urgente: muchos han convertido el sectarismo (por acción o dejación de funciones) en forma de hacer política. La segunda, que en este país, velar por la igualdad de los españoles y hacer cumplir la ley se ha convertido en revolucionario. Seguiremos insistiendo en ello.