La Fiscalía solicita 119 años de cárcel para Luis Pineda por la extorsión del ‘caso Ausbanc’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado este miércoles 119 años de prisión y multa de 10,3 millones de euros para Luis Pineda, presidente de la extinta Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) por delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. En su escrito de acusación, el ministerio público solicita, además, una pena de 25 años de prisión para el ex secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y 12 años para la abogada Virginia López Negrete, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos en nombre del pseudosindicato ultra. La causa acumula 11 acusados.

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La Fiscalía considera que Ausbanc, que fue desmantelada en la Operación Nelson en abril de 2016, se dedicaba a extorsionar a bancos y cajas de ahorro, a las que amenazaba con acciones legales o campañas de desprestigio en sus medios de comunicación. Las entidades, casi con la práctica excepción de BBVA, accedían a los pagos, que se camuflaban como inserciones publicitarias en las revistas de Ausbanc, como estudios de mercado o como patrocinio de jornadas y eventos.

La asociación de Luis Pineda completaba sus ingresos –que después eran desviados a cuentas en paraísos fiscales- gracias a las subvenciones públicas, que sumaron 5,99 millones de euros entre 2004 y 2014. La tercera pata de su financiación eran las cuotas de sus usuarios, quienes creían que Ausbanc defendía sus intereses cuando lo que realmente hacía era utilizarlos como ariete para presionar a las entidades bancarias. En ocasiones, cuando Luis Pineda conseguía que los bancos y cajas pagaran, los abogados recibían la orden de retirar las acciones legales emprendidas en nombre de sus clientes.

Según el escrito del fiscal, “para reforzar la presión contra las entidades y lograr los acuerdos económicos pretendidos”, a partir de finales del 2012 Pineda se sirvió del sindicato ultraderechista Manos Limpias, al que además financiaba, para ejercer la acusación popular contra determinadas personas, entre ellas la infanta Cristina de Borbón. Para ello, el jefe de Ausbanc contaba con el apoyo del líder de Manos Limpias, el exdirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad.

La Fiscalía recuerda que durante el juicio de Nóos, en el que fue absuelta la hermana de Felipe VI y condenado a siete años de prisión su esposo, Iñaki Urdangarin, Pineda y Bernad, puestos de común acuerdo, “utilizaron la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica” de la hija del rey Juan Carlos.

En octubre de 2015, según el escrito acusatorio, Bernad se reunió con el director de la Fundación La Caixa, y jefe de la infanta, Jaume Giró y le propuso que ayudara a Ausbanc con dos millones de euros. A cambio de ello Manos Limpias retiraría la acusación contra la Infanta en el caso Nóos. Jaume Giró no atendió al requerimiento de Bernad, por lo que Luis Pineda tomó la iniciativa a principios de 2016 y trató de reunirse con Miquel Roca, el abogado y padre de la Constitución que dirigió la defensa de la infanta en el caso Nóos. Roca desechó reunirse con Pineda, pero envió a un directivo del banco Sabadell, Gonzalo Barettino, para que escuchara lo que el jefe de Ausbanc tenía que decirle.

En aquel encuentro, que se celebró en Madrid, Pineda supuestamente manifestó a Barettino que se estaban replanteando retirar las acciones que ejercían en solitario contra la infanta, y le reclamó a cambio esta vez tres millones en atención a los “gastos procesales”. Gonzalo Barettino manifestó que no quería seguir hablando del tema, pero que lo trasladaría y dio por terminada la entrevista. Miquel Roca, al ser informado por el directivo del Sabadell, le ordenó que no tuviera más contactos con Pineda.