Interior recluyó en la cárcel de Archidona a siete menores llegados en patera

El Ministerio del Interior encerró en la cárcel de Archidona a siete menores de origen argelino, de entre 14 y 17 años, llegados en patera a las costas del sureste español, según ha confirmado este lunes la Junta de Andalucía. Los jóvenes, que se encuentran ya en un centro tutelado por la Consejería de Bienestar Social, formaban parte del grupo de más de medio millar de sin papeles que el Gobierno recluyó en la prisión malagueña, tras rebautizarla en apenas unas horas como "Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional". Una decisión que adoptó pese a que la Ley de Extranjería subraya que este tipo de internamientos, solo permitidos para mayores de edad, debe desarrollarse en instalaciones de carácter "no penitenciario".

Según explican fuentes de los colectivos humanitarios, tras el encierro de los siete chicos, las ONG solicitaron que se les efectuara una prueba oseométrica para determinar su edad —una medida que ha resultado determinante para su puesta en libertad—. Además, según ha añadido la asociación Málaga Acoge, otros dos inmigrantes que continúan recluidos en Archidona cuentan con partidas de nacimiento y otra documentación que certifica "que son menores". "Queremos destacar la enorme situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran, pues llevan ya más de 20 días internados en un entorno que no garantiza sus derechos, integridad y protección", destaca el colectivo en una carta enviada a la Junta de Andalucía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las ONG llevan años denunciando los fallos del sistema de identificación de menores. Según el último informe del Servicio Jesuita de Migrantes sobre los CIE, Interior detectó en 2016 a 51 jóvenes que todavía no habían cumplido los 18 años y que habían sido recluidos en este tipo de complejos. "Lo que cuestiona una vez más los procedimientos de determinación de la edad utilizados en España", destacaba el documento.

La reclusión durante semanas de siete menores en Archidona, pese a que lo prohíbe la ley, ahonda en la polémica que ha rodeado a la decisión de Interior de encerrar en esta cárcel a más de medio millar de inmigrantes llegados en patera. Una medida calificada de "ilegal" por las ONG y la oposición. Y que también ha cuestionado el Defensor del Pueblo. Además, una juez ha abierto una investigación para determinar si el Ministerio facilitó datos falsos para aprobar el internamiento de los sin papeles en este complejo penitenciario, que iba a abrir sus puertas en 2018.