El 155 tiene futuro

Apenas tiene pasado: jamás se había aplicado hasta el 27 de octubre y solo venía siendo objeto de discusión sobre su utilidad en los últimos meses de aceleración del proceso independentista. Su presente es bien claro, hasta el punto de que ocupa el lugar de honor de la campaña electoral, especialmente en la retórica del independentismo. Pero la cuestión que más interesa y que ya es objeto de pelea, incluso electoral, es su futuro, cifrado en dos preguntas: ¿Cuándo dejará de aplicarse? ¿Podría aplicarse de nuevo en función del resultado?

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El campo independentista rechaza la aplicación del 155, aunque no la convocatoria de las elecciones del 21-D. Siguiendo la vieja costumbre de jugar a dos barajas, intenta ganar las elecciones pero a la vez prepara preventivamente su deslegitimación por si el resultado no fuera de su conveniencia. Para ello nada mejor que la siembra de sospechas sobre un eventual pucherazo en el recuento o la ausencia de condiciones en la campaña por el encarcelamiento de sus candidatos, las exigencias de la junta electoral a los medios públicos catalanes o las supuestas limitaciones a la libertad de expresión impuestas por la justicia en sus investigaciones sobre el proceso independentista.

Según la sofística independentista, estas limitaciones se deben al 155, madre de todos los actuales males de Cataluña. Si hasta ahora el proceso era un combate por la independencia, ahora es contra el 155. Por supuesto, el independentismo ha perdido la memoria respecto a las acciones y omisiones que condujeron a la aplicación del 155, desde las iliberales leyes de desconexión de los días 6 y 7 de septiembre hasta las dudas de Puigdemont en la madrugada del 26 de octubre, a la hora de convocar elecciones anticipadas para evitar precisamente la intervención de la autonomía.

Puigdemont quiere convertir la cita electoral en un nuevo plebiscito, pero esta vez no sobre la independencia sino sobre el 155. Según el sofisma que no se cansa de difundir, el ‘bloque del 155’ debe acceder a su restitución en la presidencia de la Generalitat y la del gobierno entero en caso de que no ganen las elecciones. Es decir, no basta con que el 155 deje de aplicarse como resultado de las elecciones en cuanto se forme el nuevo Govern, algo en lo que están de acuerdo todos, incluso Rajoy, sino que pretende su invalidación retroactiva, de forma que convierta su hipotética investidura en una restitución de la presidencia.

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La función electoral más directa de este argumento es que arrincona al encarcelado y enmudecido Junqueras como candidato presidencial, obligado a apoyarle, incluso si le gana en las elecciones, a riesgo de aparecer como parte del bloque del 155. Indirectamente, también los consejeros de Esquerra que están en libertad son candidatos a este oprobio. Y, por supuesto, los futuros diputados de los comunes que decían oponerse al 155 pero no tienen intención de investirlo como presidente.

Con esta nueva situación, el paisaje independentista acaba de dar un vuelco, en el que Puigdemont y su lista de Junts per Catalunya aparecen radicalizados al lado de la CUP y Esquerra en cambio desplazada hacia el centro y hacia el pragmatismo, buscando la alianza con los comunes. Esta es la última contorsión de Puigdemont para intentar salir del pozo en que se ha metido, intentando resucitar el difunto proceso a partir de una mayoría exigua. Nótese que le basta con que el tripartito independentista obtenga una mayoría, incluso no absoluta, para que pueda argumentar la necesidad de convertir los diputados opuestos al 155, incluidos los comunes, en los de su investidura de restitución presidencial.

De darse una tal victoria de Puigdemont, la peor consecuencia la sufrirían el conjunto de los catalanes. Empeñarse en la anulación retroactiva del 155 es la mejor forma de obligar a Rajoy a aplicar de nuevo el 155 ante la amenaza de continuación del golpe parlamentario iniciado los días 6 y 7 de septiembre y en propiedad solo declarativamente culminado el 27 de cctubre. Con el grave inconveniente de que en una segunda ocasión, sin posibilidad de celebrar elecciones durante un año, significaría la intervención larga y dura de la autonomía que no se ha producido ahora. Probablemente es lo que quieren Puigdemont y los independentistas más radicalizados.