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La Fiscalía considera delito leve de amenazas el escrache ultra ante la casa de Mónica Oltra

Buscaban "enviar a la víctima el mensaje de que saben donde vive", afirma el ministerio público

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, este lunes en una visita al Cabildo de Gran Canaria.
La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, este lunes en una visita al Cabildo de Gran Canaria. EFE

La Fiscalía ve delito en el escrache protagonizado por un grupo de ultras ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, que tuvo lugar el 18 de octubre. El ministerio público descarta que se trate de un delito de amenazas grave o de desórdenes públicos, como había denunciado la Abogacía de la Generalitat. Pero sí cree que los hechos constituyen un delito leve de amenazas, que está penado con entre uno y tres meses de multa y acarrea antecedentes penales.

Entre otros motivos porque al congregarse frente a su vivienda mientras cenaba con sus hijos, los ultras enviaron "a la víctima el mensaje de que sabe donde viven tanto ella como sus familiares más próximos" y porque el partido que promovió la acción, España 2000, defiende "posturas xenófobas y racistas", razona la fiscal.

El decreto firmado por Teresa Gisbert, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, remite a los Juzgados de Llíria las diligencias instruidas por la fiscal Macarena Correro, de la sección de Tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, y solicita la celebración de juicio oral.

Los hechos se produjeron hacia las 21.30 de la noche de un miércoles. Durante 10 minutos, los ultras gritaron a la vicepresidenta utilizando un sistema de megafonía, desplegaron una bandera de España e hicieron sonar la canción Que viva España. Todos, salvo José Luis Roberto, presidente de España 2000 y dueño de la empresa Levantina de Seguridad, llevaban puestas caretas de la película de terror Scream, señala la fiscal en su relato de los hechos.

La denuncia recalca que los ultras grabaron y retransmitieron su acción en directo a través de la página en Facebook del partido político. Entre otras manifestaciones, dijeron estar allí "contra estos independentistas que quieren romper la unidad de España". "La actuación terminó tras aparecer varias personas [allegadas a Oltra] que procedieron a grabar con sus teléfonos móviles a las personas y vehículos que se encontraban en el lugar de los hechos", prosigue la fiscal.

Los hechos no alcanzan la categoría del delito de amenazas recogido en el artículo 172 del Código Penal porque este exige que la conducta se realice "de forma insistente y reiterada", "alterando con ello de forma grave el desarrollo de la vida cotidiana de la persona que lo sufre".

Intención intimidatoria

La fiscal sí considera, en cambio, que la actuación excedió "el ámbito de la libertad de expresión" y tuvo "una intención claramente intimidatoria". El ministerio público llega a tal conclusión por el hecho de que fueran a su vivienda, ubicada en una zona residencial, a una hora en la que era previsible que se hallara con su familia en vez hacer sus manifestaciones ante su despacho de la Generalitat o "en cualquiera de los actos públicos en los que participa, bien como vicepresidenta del Consell o bien como miembro del partido político Compromís".

También como consecuencia de la "escenografía elegida", con los "rostros ocultos y portando máscaras de una conocida película de terror".

El hecho de que el único que no iba tapado fuera el líder de España 2000 constituye, según el ministerio público, un "dato para nada improvisado", dado el carácter racista del partido, que difunde lemas como "los españoles primero" y aboga en su programa electoral por la "abolición de la ley de inmigración y el derecho de preferencia nacional". La fiscal considera que los denunciados "tenían clarísimo que querían que la señora Oltra y su familia supieran quienes eran quienes se congregaban en la puerta de su casa. La propia señora Oltra así lo manifestó al señalar que se sintió intimidada porque estaban sus hijos, ya que proceden de fuera de España y 'estas personas son racistas", señala la denuncia aludiendo a que los hijos de la vicepresidenta fueron adoptados en el extranjero.

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