El juez retira la orden de detención contra Puigdemont y los ‘exconsellers‘

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado este martes un inesperado cambio de rumbo a la causa abierta por rebelión contra los líderes independentistas y, también, al inicio de la campaña electoral del 21-D. El magistrado ha retirado las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y ha ordenado que se comunique su decisión a las autoridades belgas para que dejen sin efecto la colaboración solicitada por España. Llarena, sin embargo, mantiene la orden española de detención contra Puigdemont y los exconsejeros fugados, por lo que, según fuentes del alto tribunal, los cinco serán detenidos cuando regresen a España.

El temor de España desde que se pidió la colaboración de Bélgica para detener a Puigdemont era que la justicia de aquel país rechazara actuar contra el expresident por rebelión, un delito que no tiene un equivalente exacto en el código penal belga. En ese caso, el juez de Bruselas podría ordenar la entrega a España de Puigdemont y los cuatro exconsejeros por otros delitos, como el de malversación o desobediencia, pero no por el de rebelión, lo que impediría a la justicia española actuar contra el expresidente por ese delito, que es el más grave de los que se le atribuyen y el que vertebra la causa abierta en el Supremo contra los líderes independentistas.

A primera hora de la mañana, Llarena ha dictado un auto en el que acuerda retirar las órdenes europeas de detención contra el expresidente y los cuatro exconsejeros prófugos. Horas más tarde, ha emitido otra resolución en la que aclara que también se retira la orden internacional de detención, por lo que Puigdemont puede salir de Bélgica sin temor a ser detenido en otro país. Pero el juez ha mantenido la orden de detención española, que implica que Puigdemont será detenido si viaja a España. 

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El instructor argumenta su decisión en que el delito de rebelión por el que se está investigando a los líderes independentistas es, según el código penal español, un delito colectivo y no puede dividirse, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias. La orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y, una vez emitida, el juez puede valorar en cualquier momento la conveniencia de mantenerla o no, teniendo en cuenta los efectos que esa orden pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.  Y, según el instructor del Supremo, el mantenimiento de las órdenes de detención dictadas el 3 de noviembre no facilitaría el desarrollo de la causa porque al ser posible que Bélgica deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes se "restringirían" las actuaciones contra Puigdemont y el resto de fugados, lo que llevaría a una situación paradójica en la que los investigados fugados estarían en una situación más beneficiosa que la de los que se quedaron en España.

Llarena recuerda, además, que fue esa característica de la rebelión como delito colectivo lo que justificó la acumulación en el Supremo de todas las causas abiertas contra los miembros del Govern cesados, la Mesa del Parlament y los líderes de ANC y Òmnium. "Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”, advierte el juez.

En su auto, el juez describe el escenario actual de la causa y sus implicados, distinto al que existía cuando el expresidente viajó a Bélgica. Después de que se emitieran las órdenes de detención, señala Llarena, los investigados se han presentado como candidatos a las elecciones catalanas, de lo que, según el juez, puede inferirse su intención de volver a España para tomar posesión y ejercer el cargo al que aspiran.  Según Llarena, la retirada de la orden europea de detención no genera ningún perjuicio a los afectados por ella pues el expresident y los exconsejeros fugados se opusieron a que Bélgica la ejecutara. "Eso es lo que esta resolución les aporta”, concluye Llarena.