Moncloa permite que altos cargos de la Generalitat estén en el equipo de Puigdemont

En Madrid, en Barcelona y en Bruselas hay un conocimiento bastante ajustado de los apoyos que tiene el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre altos cargos que siguen trabajando en la administración catalana. Muchos servidores de la administración autonómica fueron cesados nada más entrar en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el 27 de octubre de madrugada, y otros pocos días después. Algunos, sin embargo, mantienen su puesto y colaboran estrechamente con Puigdemont, que desde el 31 de octubre permanece en Bruselas, hasta donde ha huido de la justicia española junto a cuatro ex consejeros.

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Las idas y venidas a Bruselas, y las actividades de apoyo político al ex presidente, forman parte de la cotidianeidad de un puñado de altos cargos catalanes, según constata el Gobierno. En algunos momentos se consideró que su actividad podía ser susceptible del cese de su puesto en la Generalitat, pero finalmente se descartó.

“Están y han estado en el límite de la raya de lo que puede ser asumible pero se ha optado por no tomar decisiones que parecieran guiadas por una especie de caza de brujas”, resumen fuentes gubernamentales.

Esta aclaración encaja con la decisión que se tomó el viernes con Elsa Artadi, Directora General de Coordinación Interdepartamental de la presidencia de la Generalitat, y nombrada por Puigdemont jefa de su campaña para las elecciones del 21-D. “O cesarla o mejor que se ocupe plenamente de la campaña”, señalan fuentes gubernamentales al explicar que Artadi ya no tendrá que volver a su puesto en la administración hasta después de la cita electoral. Al ser candidata al Parlament, la directora general está dispensada de acudir a su puesto de trabajo durante las dos semanas de campaña, pero el gobierno central ha decidido anticipar ese permiso. Solo se trata de un par de días extra, ya que la campaña empieza la noche del cinco de diciembre.

El jefe directo de Artadi, Victor Cullell, secretario del Govern, fue quien le comunicó la decisión para seguir la práctica de que sean los funcionarios de la Generalitat los que desarrollen todas las acciones de su administración aunque las decisiones se tomen en La Moncloa. Ella y otros directores generales de la Generalitat hace tiempo que están en campaña, como indican miembros de la propia administración catalana.

“Los matices son importantes porque campaña hace todo el mundo de todos los partidos”, señalan fuentes gubernamentales para justificar la actitud flexible con los colaboradores de Puigdemont que a la vez son empleados de la administración.

Son los casos, detallan, de Jaume Clotet, Director General de Comunicación del Govern, y Agustí Colomines, Director General de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. “En su tiempo libre pueden hacer lo que quieran y así se toman sus actividades de apoyo a Puigdemont”, señalan fuentes de la administración central. Estos altos cargos han estado en el punto de mira tanto como otros que sí fueron cesados.

¿Debilidad o prudencia? Esta pregunta retórica la formulan fuentes gubernamentales directamente concernidas con la aplicación de artículo 155. Y se responden que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, marcó desde el primer momento una conducta “sobria, discreta y con el menor coste posible”.

La primera rendición de cuentas la protagonizará hoy el secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, coordinador de toda la acción que se lleva a cabo en la Generalitat. Los representantes del Gobierno en Cataluña relatan que no han tomado decisiones nuevas porque no conocen los temas. “Nos tenemos que fiar y nos fiamos”, señalan en referencia a sus interlocutores de cada consejería, que son los números dos y tres de cada exconsejero destituido. “No ha habido ocupación ni desembarco [desde Madrid]”, señalan desde el Gobierno. Pero sí muchos ceses.

Altas y bajas

Más de 25 altos cargos han dejado de trabajar en la Generalitat desde que el Gobierno activó el artículo 155. Aunque el plan inicial de La Moncloa incluía la decisión de mantener a estos trabajadores en sus puestos —salvo oposición manifiesta a la intervención —, en poco más de un mes se han producido todas esas bajas, sin que el Ejecutivo haya precisado si se trata de despidos o de dimisiones. El departamento más afectado ha sido el de economía, que dirigía Junqueras, seguido por el de presidencia, que dependía de Puigdemont. En total, más de 200 personas han dejado su puesto de trabajo en la Administración catalana desde que comenzó la intervención, si se suman altos cargos, personal de confianza, dependientes de organismos extinguidos o empleados de la red de embajadas catalanas en el extranjero. Varias decenas de los afectados han recurrido ante la Justicia.

En contrapartida, el Gobierno ha hecho públicos muy pocos nombramientos. Tras sustituir a Josep Lluis Trapero por Ferran López como mayor de los Mossos, el Ejecutivo ha encargado a Juan Antonio Puigserver la organización de las elecciones del 21-D; y ha designado, entre otros, a la Directora general de Modernización de la Administración de Justicia; al director General de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat de Cataluña; o al Presidente del Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona.

Además, el Gobierno ha nombrado un cargo eventual, según el Boletín de la Generalitat de Cataluña, para ocupar el puesto de Jefa de la Oficina de Comunicación del Departamento de Interior.