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El Vaticano reincorpora a tres curas del ‘caso Romanones’

Entre ellos está Román Martínez, apartado desde 2014 y declarado inocente el pasado mes de abril

El padre Román, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Granada.
El padre Román, a su llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Granada. EFE

Román Martínez Velázquez de Castro, el único sacerdote que fue juzgado por el caso Romanones ­por "indicios racionales" de un abuso sexual continuado entre 2004 y 2007 y que finalmente fue declarado inocente, ya tiene autorización del Vaticano para ejercer de nuevo su labor como cura. Y como él, también han sido también otros dos sacerdotes, Francisco José Martínez Campos y Manuel Morales Morales. Los tres estaban apartados de sus funciones por la jerarquía eclesiásticas desde el 15 de octubre de 2014. Hoy, 29 de noviembre, el arzobispado de Granada ha emitido un comunicado en el que ha hecho pública “la decisión de la Santa Sede de que les sean levantadas las medidas canónicas cautelares” que se habían dictado sobre ellos. A la vez que fueron reincoporados a sus funciones, el arzobispado les informó de sus nuevos destinos.

El caso Romanones se conoció hace exactamente tres años, en noviembre de 2014, cuando un joven envió una carta al Vaticano informando de que había sido víctima de presuntos abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años (entre 2004 y 2007). A consecuencia de la carta, el papa Francisco llamó por teléfono al joven, que se dio a conocer con el nombre supuesto de Daniel, para pedirle perdón. Esa llamada desencadenó la detención de Román Martínez, de otros dos sacerdotes y de un profesor de religión. En el transcurso de la investigación, la policía tuvo a doce personas, diez sacerdotes y dos laicos, bajo su lupa.

Finalmente, el juicio del caso se celebró en marzo de este año y a él solo acudió como imputado el cura que da nombre al clan. Para el resto de personas, el tribunal dictaminó que los presuntos delitos estaban prescritos. El último día del juicio, la Fiscalía retiró la acusación contra el Román Martínez por no encontrar pruebas concluyentes del delito. Al principio del juicio la petición fiscal era de nueve años de prisión y una indemnización de 50.000 euros.

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