Varios testigos respaldan la versión del denunciante del ‘caso Romanones’

Varios testigos que declararon ayer en el juicio por el caso Romanones, el proceso por supuestos abusos de sacerdotes a menores en Granada, ratificaron la denuncia promovida por una de las víctimas y que ha llevado a sentar en el banquillo al cura Román Martínez. Sin embargo, el fiscal Francisco Hernández, quien pide nueve años de prisión contra el exsacerdote, observó “muchas contradicciones”.

Cinco de los seis testigos citados comparecieron ayer. Dos mujeres, M. M. y M. C., insistieron en que “no fueron abusadas en ningún momento por el padre Román ni otros sacerdotes”, ni percibieron “comportamientos extraño en la parroquia o en la casa parroquial”.

Sin embargo, para J.M.S., amigo íntimo del denunciante desde los siete años, “sí existían comportamientos muy extraños”. “El padre Román me imponía dormir con él en la misma cama y en calzoncillos”, recordó. “Me acariciaba y daba besos en el cuello. A veces tenía una actitud muy cariñosa y por eso me alejé de la parroquia y de todo lo que tenía que ver con aquel grupo de sacerdotes”, declaró J. M. S., quien explicó no haber contado nada por “vergüenza”.

“Pánico”

 Ernesto, otro de los testigos, explicó cómo llegó a sentir “pánico”. “En 1991, cuando tenía 20 años, me duché en el piso ubicado en la Carretera de la Sierra (Granada) que era del padre Román. Cuando abrí la cortina ahí estaba él observándome, después intentó tocarme los genitales pero me fui corriendo”, declaró.

La profesora a la que el denunciante le entregó la carta que remitió finalmente al papa, T. R., declaró que le aconsejó que denunciara en la policía. El último recurso era denunciar por la Iglesia”, declaró.

Para este viernes está programada la declaración del arzobispo de Granada, Javier Martínez, en la sala de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

La acusación popular, representada por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña, preguntará al máximo representante de la Iglesia Católica en Granada por el expediente canónigo en el que supuestamente el arzobispo había informado al Vaticano que “existían indicios contra el padre Román y otros sacerdotes por abusos”, según adelantó el letrado de la asociación Juan Pedro Oliver.