La Justicia niega al Congreso datos de los casos de corrupción del PP

La Audiencia Nacional ha negado al Congreso de los Diputados documentos de varios sumarios de corrupción que afectan al PP, entre ellos el del caso Bárcenas sobre la caja b del partido. Estos informes fueron reclamados al tribunal por la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP que se celebra en la Cámara baja desde mayo. Apenas hay precedentes en 40 años de democracia de que la Justicia se niegue a facilitar datos a una comisión parlamentaria.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el 22 de noviembre, por cuatro votos a favor y uno en contra, la petición del Congreso de que remitiera diversos documentos de sumarios de corrupción que afectan al PP. Estos datos fueron solicitados, a través de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, por el presidente de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias.

El tribunal, con el voto discrepante del magistrado José Ricardo de Prada, denegó el traslado de los diferentes informes policiales y de Hacienda solicitados por el Congreso y solo accedió a facilitar a la Cámara resoluciones judiciales —autos y providencias— sobre estos asuntos de alta sensibilidad política. El sector mayoritario de la Sección Segunda considera que la cesión de estos documentos afecta a la “presunción de inocencia” de los acusados. Esta, sostiene, “podría verse comprometida” por la “investigación paralela” del Parlamento.

Además, el tribunal recuerda que la investigación del caso Bárcenas, que el juez Pablo Ruz dio por concluida en marzo de 2015, fue reabierta el pasado 28 de febrero por su sucesor, José de la Mata. Según el grupo mayoritario, la entrega de los informes podría afectar a la instrucción de esta causa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor de que no se remitieran los documentos al Congreso.

Voto discrepante

El magistrado discrepante, José Ricardo de Prada, emitió un voto particular en el que recuerda que el objeto de las comisiones de investigación parlamentarias “no es en ningún caso determinar responsabilidades penales sino políticas sobre asuntos de interés general para la ciudadanía” y que las conclusiones que alcancen los partidos “dejan perfectamente incólume el derecho a la presunción de inocencia” y no vinculan a los tribunales de justicia. Este juez, enmarcado en el sector progresista de la Audiencia, argumenta, además, que la investigación del Congreso “no se refiere a personas, sino que es relativa a un partido político”, el PP, que “no ostenta la condición de acusado” en el caso Bárcenas.

Las comisiones de investigación parlamentarias están amparadas por los artículos 76 y 109 de la Constitución y reguladas en los reglamentos del Congreso y el Senado. Según fuentes parlamentarias, desde que en 1978 se aprobó la Constitución, la Justicia ha venido facilitando al legislativo sin mayores limitaciones los documentos que este ha pedido para las comisiones de investigación política. Así sucedió, por ejemplo, en la comisión sobre los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, que se celebró entre mayo de ese año y marzo de 2005, dos años antes de que se celebrara el juicio en la Audiencia Nacional. También se accedió a entregar documentos sumariales en la comisión sobre Gescartera, del año 2001. Una década antes, la Audiencia Nacional remitió también al Congreso información sobre el caso Renfe-Equidesa.

En tiempos recientes, el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid rechazó enviar al Congreso datos sobre el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, para la comisión de investigación sobre la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, celebrada entre marzo y junio de este mismo año. En ese caso, se trataba de información sobre la que aun pesaba el secreto de sumario, según fuentes parlamentarias. Para esa misma comisión de investigación, el Tribunal Supremo sí que remitió documentos al Congreso.

El proceso independentista catalán y los procesos electorales de 2016 han situado en un relativo segundo plano los escándalos de corrupción que azotan al PP desde que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009.Sin embargo estos siguen vivos en los juzgados. La decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de no dar la información al Congreso se tomó dos días después de que este tribunal cambiara las normas de reparto de asuntos y dejara fuera del juicio de la caja b al magistrado Julio de Diego, cuyo voto el pasado abril fue decisivo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que declarar como testigo en el caso Gürtel.