La fiscal del caso de La Manada cree que los hechos “se produjeron bajo violencia e intimidación”
El Ministerio público ratifica su petición de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados y 100.000 euros
La fiscalía mantiene su petición de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados en el caso de la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016 y 100.000 euros de indemnización a la víctima por daños morales. Las acusaciones particular y popular se han adherido a los argumentos del fiscal y han ratificado sus peticiones. El Ministerio fiscal ha afirmado este lunes en la presentación de su informe de conclusiones que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación", y ha considerado que "las pruebas son absolutamente contundentes".
La fiscal Elena Sarasate, que ha dedicado dos horas a la presentación de su informe en la sala, ha afirmado que "el relato de la víctima es creíble objetivamente". "La víctima no exagera; podría haberlo hecho y no lo hace", insiste.
La joven reconoció durante el juicio que los cinco acusados no utilizaron la fuerza sino que dos de ellos la cogieron de la mano para entrar en el portal, y este detalle, para el ministerio público, da credibilidad a su declaración, que se ha mantenido pese a que "pudo inventarse amenazas y no lo hizo". Sobre la falta de resistencia física, la fiscal considera que "no había otra opción razonable que dejarse".
Subjetivamente, la fiscalía también avala el relato de la víctima, porque no conocía a los cinco acusados previamente y "no hay motivo espurio" para denunciarles. La declaración de los denunciantes, sin embargo, "tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes". "Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro", ha dicho ante la sala en la que ha recordado que los cinco acusados, sentados detrás de sus defensas y en frente de la fiscal, reconocen haber practicado anteriormente sexo en grupo, grabado y sin protección.
Según Sarasate, la actitud de la víctima fue "pasiva, arrodillada en posición inferior en un cubículo de apenas un metro". Los cinco acusados "la sujetan; no con fuerza, pero la sujetan" y uno de ellos "le abre la boca con los dedos y le pone el pene".
Sarasate ha señalado que "ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil", por lo que ha ratificado su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados. También considera probado el daño moral que ha sufrido la víctima.
"¿Por qué si era una relación consentida le roban el teléfono?", se ha preguntado la fiscal, que ha afirmado que "lo lógico sería intercambiar los números de teléfono, no robárselo".
La acusación particular pide 24 años
La acusación particular eleva la petición de cárcel a 24 años y 9 meses y 250.000 de indemnización. En su informe de conclusiones Carlos Bacaicoa, abogado de la joven madrileña, se ha adherido a los argumentos de la fiscal y ha añadido un dato: un 40% de las agresiones sexuales no presentan lesiones, como en el caso de la víctima. Bacaicoa ha señalado este lunes antes de entrar en el juzgado, que "las sensaciones son buenas" y ha considerado que "el asunto se va a ganar".
Una de las acusaciones populares, la del Ayuntamiento de Pamplona, mantiene también su petición de 25 años y seis meses de prisión por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia. Su informe de conclusiones habla de “una agresión mecánica en la que ellos no discuten ni vacilan y lo hacen como un mecanismo perfectamente engrasado”, como demuestra, en su opinión, que haya menos de un minuto entre el primer vídeo y la entrada en el portal.
En el análisis de los vídeos no hay un mínimo atisbo de reciprocidad, dice la acusación del Ayuntamiento navarro. En ningún momento se presentan con sus nombres, señala, y la acusada solo vio “piel y tatuajes”. Sobre el atestado de la agente de la policía municipal que en la jornada del jueves aseguró que la víctima le había dicho nada más ocurrir los hechos, que la habían grabado, han criticado que “está plagado de errores achacables a la agente, no a la chica”. Llama “mucho la atención que cuando nadie sabía que había grabaciones ya que eran las siete de la mañana y no se había producido la detención, no reflejara en ese atestado algo tan relevante como que había una grabación”, señala.
La acusación popular del Gobierno de Navarra también mantiene su petición de 25 años y seis meses de prisión y se adhiere a los argumentos de la fiscalía. En sus conclusiones ha expuesto por qué reclaman los 1.530€ de la atención a la víctima en el servicio navarro de Salud.
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