El fiscal archiva la investigación de las facturas del Hospital Provincial de Castellón
El ministerio público no ve indicios de malversación en el pago de 33 millones
La Fiscalía de Castellón ha archivado las diligencias de investigación sobre la facturación del Hospital Provincial castellonense, por importe de 33 millones de euros, denunciada en su día por el centro sanitario. El ministerio público ve posibles “irregularidades administrativas o contables”, pero no indicios de los delitos de prevaricación o malversación. Así consta en el decreto emitido por el fiscal jefe, José Luis Cuesta, en el que acuerda el archivo y comparte el criterio de la fiscal asignada a la investigación con la “opinión unánime” de la Junta de Fiscales celebrada este miércoles. Contra esta decisión no cabe recurso.
La investigación se puso en marcha tras la denuncia interpuesta por el equipo directivo del Consorcio Hospitalario de Castellón, con su gerente Joaquín Sanchís al frente, respaldada por la consejera de Sanidad, Carmen Montón, tras detectar irregularidades relacionadas con la facturación emitida al centro sanitario por parte de empresas como Piaf —implicada en el caso Gürtel de financiación irregular del Partido Popular— y Telecso durante los años 2003 y 2015 por importe de 33 millones de euros.
Según la denuncia, en algunos casos las facturas emitidas por ambas mercantiles superaban los importes contemplados en los expedientes de facturación o carecían de cobertura contractual. El periodo investigado se remonta a la etapa de Carlos Fabra –que fue condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal— y Javier Moliner al frente de la Diputación castellonense.
De la investigación practicada se considera que los hechos denunciados “pudieran constituir irregularidades administrativas o contables pero no los delitos de prevaricación o malversación por los que inicialmente se incoaron las presentes diligencias”, recoge el decreto de la Fiscalía hecho público este miércoles.
El fiscal concluye que no consta “ninguna apropiación o distracción de caudales públicos, que únicamente podía haberse producido en el supuesto de que las facturas fuesen ficticias y no obedeciesen a trabajos efectivamente realizados, circunstancia que parece obedecer más a una mala gestión de los fondos o a la insuficiencia de los mismos”. Un supuesto que, dice, “no resulta acreditado en el presente caso”.
El ministerio público recuerda que en el largo periodo analizado “se llevaron a cabo diversas obras de remodelación y adaptación de los edificios que componen el centro hospitalario” y que tales obras y servicios “se seguían realizando, emitiendo las diferentes facturas, a pesar de haberse excedido el importe fijado en los respectivos expedientes de contratación”.
Desde el Consorcio Hospitalario Provincial su gerente incide en que denunció los hechos por considerar que suponían “una transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda Pública” y que podrían ser constitutivos de delito. “Como es su obligación ante la sospecha del mal uso de dinero público, el Consorcio remitió esta información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castellón”, ha recordado Sanchís.
“Insistimos en nuestra obligación de control del dinero público y en la gestión, y nuestro compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el buen uso del dinero público, tal y como se ha procedido en este caso”, ha concluido.
La Fiscalía Provincial de Castellón abrió diligencias de investigación penal por esta causa en octubre de 2016. La decisión llegaba cuatro meses después de que la Consejería de Sanidad Universal trasladara toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
