El exgerente del hospital de Castellón denuncia amenazas de muerte

El exgerente del Hospital Provincial de Castellón Rafael Arce ha denunciado que recibió amenazas de muerte por intentar esclarecer la gestión irregular del centro hospitalario. Arce, que en junio de 2015 depositó ante notario un informe que revelaba graves irregularidades contables por temor a que desapareciera, ha aportado esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que forme parte del expediente de 4.713 facturas que facilitó ayer la Consejería de Sanidad.

En ese informe, que ha hecho público la Consejería, el anterior gerente del consorcio, que estuvo al frente desde marzo de 2014 a septiembre de 2015, detalla las dificultades que ha tenido para poder acceder a la información financiera y contractual del Hospital Provincial y desvela cómo se troceaban facturas para eludir los controles y se desviaban fondos finalistas para gastos de tesorería.

Así mismo, da cuenta de una auditoria sobre el ejercicio 2012 en la que los auditores concluyen que en la institución sanitaria concurren “múltiples deficiencias en su contabilidad financiera y presupuestaria” y que “no queda adecuadamente garantizado el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación” en la contratación “ni que se adjudiquen a la oferta más ventajosa”.

Esta misma auditoría manifiesta que el centro no remitió ni al Tribunal de Cuentas ni al Registro de Contratos de la Generalitat Valenciana la documentación pertinente para fiscalizar las cuentas. Los consultores incluso llegan a recomendar la contratación de un auditor interno que “garantice la veracidad de los datos contables y presupuestarios y el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos”.

Una de las irregularidades a las que se refiere el anterior gerente revela que la dirección del hospital desvió 5,6 millones de euros de una disposición complementaria de crédito autorizada por la Generalitat de 7,3 millones de euros exclusivamente para la liquidación de sentencias. Rafael Arce denuncia que tan sólo 1,7 millones se utilizaron para ese fin y que el resto se desviaron a tesorería y sirvieron para pagos diversos. Arce advirtió en su informe de junio de 2015 que esa deuda judicial aún seguía pendiente de pago.

El informe también relata la denuncia de CC. OO. sobre la existencia de más de un centenar de contratos por acumulación de tareas que se repiten y prorrogan durante años sin que exista un proceso adecuado de selección ni rotación en una bolsa de trabajo.

En cuanto a las facturas irregulares, el informe del anterior gerente manifiesta que la empresa Domotic Gestión y Servicios SL remitió 155 facturas en los seis primeros meses de 2013 por un importe de 351.964,38 euros, de los que sólo 69.910,18 estaban aprobados por la dirección del centro, por lo que emitió pagos por un importe de 282.054,30 euros sin consignación ni expediente de contratación.

Uno de las facturas sin expediente de contratación que más llaman la atención son las referidas a la adquisición de cinco fotocopiadoras. Tras el requerimiento por parte de la gerencia en enero de 2015, la jefa del negociado de contratación asume en un informe de mayo del mismo año que no existe ninguna petición por parte de la dirección del centro para iniciar el expediente de contratación tanto de la compra de las máquinas como de su mantenimiento y cobro por fotocopia, a pesar de que la empresa las entregó en abril de 2010 y emitió tres facturas para su abono.

De hecho, el centro consigue localizar cuatro de las fotocopiadoras, pero asumen que una quinta “ha desaparecido”. El director económico, Miguel Llorens, hombre de confianza de Carlos Fabra, llega a asumir que “la empresa suministradora ha dado de baja este equipo en su día a efectos de control y cobro”, pero desconoce que no hay ninguna relación contractual en este sentido.

En la denuncia de Rafael Arce destacan las dificultades burocráticas que encontró para que los servicios del propio hospital informaran a la gerencia. A finales de enero de 2015, el gerente emite peticiones de información a diferentes servicios dependientes orgánicamente del gerente, pero no recibe ninguna respuesta, tanto que se ve obligado a reiterar por escrito las solicitudes.

Finalmente, entre el 26 y el 28 de mayo recibe primero los informes de la Administración General, encabezada por Miguel Llorens, y a continuación los departamentos de Gestión Presupuestaria y de Negociado de Contratación que constatan las irregularidades. Dos semanas después el gerente registra la documentación en el propio Consorcio del Hospital General y a los pocos días acude al notario para que custodie el informe ante el temor que le infunden las amenazas de muerte recibidas.