Sanidad denuncia otros 7,8 millones de facturas irregulares en el Hospital de Castellón

La nueva remesa, remitida a la Fiscalía Anticorrupción, se suma a las descubiertas en junio

El Hospital de Castellón.
El Hospital de Castellón.EFE

El abanico de presuntas facturas irregulares en el Hospital Provincial de Castellón sigue creciendo. La Generalitat Valenciana ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un segundo paquete de facturación irregular cometida en el centro hospitalario entre los ejercicios 2003 y 2005 por un montante de 7,8 millones de euros, que se suman a las 4.713 facturas por importe de 25 millones de euros denunciadas el pasado mes de junio y admitidas a trámite.

Según han confirmado la Consejería de Sanidad, la información adicional sobre estas nuevas facturas irregulares, extraídas del estudio de las actuaciones realizadas en el centro por la empresa PIAF, se remitió el pasado 30 de noviembre. Aunque no han detallado el número, sí han señalado que corresponden a facturas sin expediente de contratación o que superan la cantidad acordada, “hechos que suponen una clara transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda Pública, entre otras normas, y que podrían ser constitutivos de delito”.

Según Sanidad, también se ha enviado en la misma fecha documentación relativa a las actividades económicas mantenidas entre el Consorcio Hospitalario Provincial y las empresas Domo Estudi Proyectos Integrales, Domotecnic Gestión y Servicios, Domótica Castellón Cooperativa Valenciana, y Domótica y Técnicas de Integración. En este caso se facturaron 5,2 millones de euros “sin tener el adecuado soporte legal”, han indicado las mismas fuentes.

“La Generalitat Valenciana no va a consentir ninguna irregularidad en el uso del dinero público. Por eso se ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción, para que determine si, además de irregularidades, hay delito”, han añadido.

El pasado 17 de octubre la Fiscalía Provincial de Castellón abría diligencias de investigación penal sobre las 4.713 facturas presuntamente irregulares del Hospital Provincial de Castellón emitidas por las empresas PIAF, investigada en la trama Gürtel, y Telecso por un montante de 25 millones de euros. Las facturas fueron remitidas entre 2006 y 2015, durante la etapa de Carlos Fabra -condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal- y Javier Moliner al frente de la Diputación castellonense, y con el PP liderando también el gobierno valenciano. Durante estos años estuvieron al frente de Sanidad cinco consejeros populares. Tres de ellos: Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado, imputados en Gürtel; mientras un cuarto, Rafael Blasco, cumple una condena de seis años y medio de prisión por el 'Caso Cooperación'.

La decisión de admitir a trámite la denuncia llegaba cuatro meses después de que la Consejería de Sanidad Universal trasladara toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, que remitió después el expediente a la Fiscalía Provincial de Castellón, cuya Sección de Delitos Económicos y Anticorrupción es la encargada de llevar a cabo la investigación, durante un plazo inicial de seis meses susceptible de prórroga, “para determinar si los hechos son constitutivos de delito”, según informaron fuentes del ministerio público.

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La investigación se centra en el periodo comprendido entre 2006 y 2015. Casi una década durante la cual se llevaron a cabo supuestamente prácticas irregulares en contratos de mantenimiento e infraestructuras con cobros muy por encima de los contratos –por importe de hasta 12 millones de euros-, facturas sin expedientes de contratación e incluso por trabajos sin realizar, según anunció el pasado mes de junio la consejera de Sanidad Universal, Carmen Montón.

Las facturas con la empresa PIAF, investigada en el caso Gürtel por presunta financiación ilegal al Partido Popular, corresponden sobre todo a la etapa de Carlos Fabra al frente de la presidencia de la Diputación de Castellón, mientras que las de Telecso, gestionada por un familiar directo de Alejandro Pons, uno de los propietarios de PIAF, son de la etapa del actual responsable de la corporación provincial, el también popular Javier Moliner, quien se mostró “dispuesto a colaborar y contribuir a acelerar” el proceso de investigación abierto por la fiscalía para que no haya “ni una sombra de sospecha”.

El caso de la facturación irregular en el centro hospitalario ha sumado un nuevo punto de discordia a la tensa relación entre la Diputación de Castellón y la Consejería de Sanidad, las dos instituciones que gestionan casi a partes iguales el modelo de consorcio por el que se rige el Hospital Provincial de Castellón. La diputación ha asegurado en más de una ocasión que lo de las facturas “es un paso más dentro de un intento de desprestigiar para desmantelar” el centro hospitalario por parte de la consejería, y llegó a presentar una querella ante la fiscalía –finalmente archivada- contra la responsable autonómica de Sanidad, Carmen Montón, por un presunto delito de denuncia falsa tras las denuncias realizadas en relación con la gestión del hospital durante los años de mayorías absolutas del PP.

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