Secuelas políticas del desafío independentista

El secesionismo catalán ha sido frenado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la expectativa de las elecciones del 21-D. Pero todo apunta que el proceso secesionista tendrá efectos en la visión del nacionalismo y el futuro del modelo territorial, sobre todo, tras el pronunciamiento de la Unión Europea contra él y el derecho a la autodeterminación. EL PAÍS lo ha preguntado a cinco ministros de Administración Territorial: Juan Manuel Eguiagaray, con Felipe González; Javier Arenas y Gabriel Elorriaga, secretario de Estado, con José María Aznar; y Jordi Sevilla y Manuel Chaves, con José Luis Rodríguez Zapatero. Evitan el rechazo global a los nacionalismos y distinguen entre moderados e independentistas, pero creen que el independentismo ha generado desconfianza, traducida en el rechazo al “derecho a decidir”, al referéndum pactado y a la cesión de más competencias del Estado. Rechazan la moda recentralizadora pues creen un éxito el Estado autonómico, pese a errores como que el Estado no ejercitara sus competencias en las autonomías. Creen en una reforma constitucional que afronte la cuestión catalana y corrija fallos del sistema como la falta de órganos de cooperación y la confusión competencial de Estado y autonomías.

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Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Administraciones Públicas entre 1991 y 1993, cerró con el PP los pactos autonómicos que extendieron las competencias de educación, sanidad y servicios sociales -de las que solo disponían Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía según la Constitución- al resto de las autonomías. “No me arrepiento, aunque generase en los nacionalistas el impulso a ir más allá para no quedar igualados. Era injusto que unas comunidades tuvieran más derechos que otras. Las personas deben tener los mismos derechos vivan dónde vivan”.

El exministro considera que “el impulso diferenciador de los nacionalistas no debe ejercerse por la vía del crecimiento competencial sino en su desarrollo según las necesidades de su comunidad y sus singularidades sean de lengua, tradición, foralidad, etc.”. “En el nacionalismo catalán había un sentimiento de marginación. Su error ha sido diferenciarse con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, un debate zanjado hace años, con antecedentes históricos traumáticos y que ha llevado a Cataluña al absurdo. La Unión Europea ha puesto punto final a este debate”.

Contrario a recentralizar competencias y a revisar el Concierto vasco como réplica al soberanismo, Eguiagaray cree que “el Estado autonómico ha funcionado bien, pero han fallado la lealtad constitucional y los órganos de cooperación”. Se niega a descalificar globalmente al nacionalismo, aunque “su doctrina es peligrosa”. “Hay comportamientos nacionalistas de probada solvencia, como los de CiU y PNV cuando contribuyeron a consolidar la democracia y otros negativos como el Plan Ibarretxe y el independentismo catalán. El PNV aprendió la lección de Ibarretxe. Esperemos que el nacionalismo catalán haga igual. Los nacionalismos seguirán siendo parte de este país”.

Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Administración Territorial entre 2000 y 2004, administró el proceso descentralizador y afrontó el desafío inicial del Plan Ibarretxe. “Ha fallado la colaboración entre los dos principales partidos nacionales. Hubiera sido posible converger el modelo federal del PSOE y el autonómico del PP, lo que hubiera estrechado el margen de los nacionalistas. Se creyó que cediendo competencias al nacionalismo se le apaciguaba. Fue un error”.

Pero Elorriaga no cree que la respuesta al independentismo sea recentralizar: “El modelo autonómico está bastante asentado. Su administración de los servicios públicos funciona bien donde no hay tensiones nacionalistas como en países con modelos similares. El error radica en que el Estado no ha ejercido sus competencias en las autonomías y se ha quedado sin instrumentos”.

Elorriaga se opone a eliminar el Concierto Económico vasco. “Es un modelo aceptado. Su principal enemigo es el independentismo catalán”. Considera al nacionalismo una “doctrina retrógrada”, pero distingue la práctica del independentismo de la del nacionalismo pragmático. “Los acontecimientos de Cataluña no acarrearán la ruptura con los nacionalismos. No vale generalizar. Ha puesto límites, como el derecho a decidir, que la propia Unión Europea ha descalificado”.

La necesaria reforma del modelo pasa, según Elorriaga, por mejorar el modelo de financiación; fortalecer los instrumentos de cooperación y, desarbolado el mito del artículo 155, por aplicar las leyes de armonización. “En el plano teórico podrían tener una justificación reconocimientos simbólicos, pero veo muy poco margen para profundizar en las diferencias de algunas autonomías”.

Javier Arenas, ministro de Administraciones Públicas entre 2003 y 2004. Hoy es vicesecretario de Política Territorial del PP y sigue de cerca el reto secesionista catalán. “El independentismo no debe impedirnos valorar el papel positivo jugado por el nacionalismo moderado en las libertades, la economía y el Estado autonómico”. “Sería un profundo error castigarlo. Lo que se castiga es la ruptura de las reglas de juego del independentismo. Ibarretxe presentó en el Congreso su plan. No prosperó. El PNV rectificó y hoy se le tiene en cuenta”.

El exministro señala que los nacionalistas admiten, en privado, que “en 1978 no soñaban con tanto autogobierno” e incluso algunos reconocen que “el Gobierno no tenía otro remedio que aplicar el artículo 155 y lo sucedido después lo justifica”. Es contrario a recentralizar el Estado autonómico, tras el independentismo. “El modelo autonómico sigue vigente, pero hay que renovar los pactos de 1978 lo que exige un análisis autocrítico del Estado y las administraciones”. Adelanta sus pautas: responder a la falta de lealtad constitucional, desafiada por el independentismo; clarificar las competencias del Estado y las autonomías; reforzar los instrumentos de cooperación; eliminar las duplicidades entre administraciones y un nuevo modelo de financiación, preservando el Concierto vasco. Otorga importancia a revisar la Educación pues “se desarrolla en desigualdad”.

Jordi Sevilla, ministro de Administración Territorial entre 2004 y 2007, protagonizó la segunda oleada de reformas estatutarias. “Las hicimos porque al llegar al Gobierno estaba Euskadi con el Plan Ibarretxe; Cataluña con el proyecto estatutario del Gobierno tripartito y había movimientos en Andalucía. Decidimos renovar el modelo a los 25 años de aprobada la Constitución”. Lamenta el fracaso del Estatuto en Cataluña, origen del conflicto, y lo atribuye al desacuerdo entre el PSOE y el PP en Madrid y de CiU y ERC en Cataluña. “Zapatero y Rajoy acordaron crear una comisión de seguimiento del Estatuto en 2005. Nunca se reunió. El Estatuto fue instrumento de confrontación”.

Sevilla impulsó la Conferencia de presidentes autonómicos, “organismo clave de cooperación”. “En diez años no ha avanzado nada. Es uno de los déficits del sistema con la ausencia del Estado en el ejercicio de sus competencias en las autonomías como fijar un nivel mínimo de solidaridad o inspeccionar. Se necesita el salto federal con la participación de las autonomías en igualdad en organismos estatales. Estas medidas deben restañar el daño sufrido por el sistema en una pieza clave, la lealtad institucional, por el ejercicio soberanista unilateral del Govern”.

Es contrario a recentralizar como réplica al independentismo porque “es la incapacidad de gobernar lo complejo”. Pero admite que se ha generado una desconfianza que requerirá tiempo superarla. Tiene consecuencias como que “por vez primera ni Sánchez ni Rajoy acudieron al nacionalismo catalán para tener mayoría”. Otra enseñanza de esta crisis es, para Sevilla, que “los problemas no se resuelven solos y habrá que hacer algo porque dos millones de catalanes quieren irse y la solución no es acudir siempre al 155”. “Hay que hacer política de consenso. Mejorar el Estado por el salto federal y reconocer Cataluña como nación. Pero soy contrario, en línea con la Unión Europea, al derecho a decidir y al referéndum pactado porque supone negar la soberanía del pueblo español. Se refrendará la Constitución reformada en toda España y el nuevo Estatuto en Cataluña”.

Manuel Chaves, vicepresidente y ministro de Administración Territorial de 2009 a 2011, durante la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatuto catalán. “En el origen tuvo la responsabilidad Rajoy. Pero hoy la tiene el independentismo catalán, dirigido por organizaciones populistas. Rajoy ha acertado en aplicar el 155. El problema del independentismo no es que haya ido lejos sino que ha atentado contra la legalidad del Estado autonómico”.

El exministro cree que el comportamiento del independentismo ha generado desconfianza no solo en España; la Unión Europea también lo ha descalificado. Condicionará la reforma constitucional. “Antes debatíamos sobre un Estado plurinacional. ¿Después del comportamiento de la policía autónoma en Cataluña qué puede suceder si la comunidad accede a más competencias en justicia o recaudación? Temes que facilitas la independencia. Soy contrario a ceder más competencias y radical contra al derecho de autodeterminación”.

Chaves rechaza recentralizar. “El Estado autonómico ha sido un acierto histórico que ha favorecido el auge económico y cultural de España. Hay que ir al Estado federal, el más fuerte y estable”. Cree clave que “el Estado defina sus competencias exclusivas”, como en Alemania. Defiende impulsar mecanismos de cooperación que garanticen la lealtad constitucional, que el Estado garantice la igualdad y consensúe un modelo de financiación. Respecto a Cataluña cree que “desde el Estado hay que esforzarse en recuperar la confianza, que tardará años pues el daño es profundo”. “Puede empezarse por la economía al estar infrafinanciada y aplicarse el principio de ordinalidad”.