El nuevo jefe de los Mossos respalda la actuación de Trapero en el asedio a la Guardia Civil

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, ha tomado este viernes declaración como testigo a cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra a petición de la defensa del mayor Josep Lluís Trapero, máximo responsable de la policía catalana hasta la activación el pasado 28 de octubre del artículo 155 e imputado por sedición. Entre los que han testificado se encontraba su sucesor al frente del cuerpo, el comisario Ferran López, quien aseguró a la magistrada que la polémica actuación de los mossos durante el asedio que sufrieron los guardias civiles que registraban el 20 de septiembre la Consejería de Hacienda fue la correcta.

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López insistió en que la decisión no fue individual de su antecesor, sino consensuada con los otros mandos del Cuerpo, entre ellos él. Según fuentes presentes en el interrogatorio, los otros tres agentes citados –un comisario integrado en el Centro de Coordinación de los Mossos y dos agentes de la Brigada Móvil, responsables de orden público- han confirmado dichas palabras.

El interrogatorio de los cuatro se ha centrado en lo ocurrido aquel día de septiembre ante el edificio de la Consejería de Hacienda, donde se llegaron a congregar cerca de 40.000 personas, para protestar contra las detenciones y registros que aquel día realizó la Guardia Civil por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramirez-Sunyer. La secretaria judicial y los agentes del Instituto armado que desarrollaban el operativo no pudieron abandonar el edificio durante horas, y sólo después de que el juez llamara personalmente a Trapero para ordenarle que facilitara la salida de la comitiva judicial pudieron abandonarlo. Tres vehículos de la Guardia Civil aparcados ante el edificio resultaron destrozados.

Por aquellos hechos, fueron citados a declarar como imputados Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos por sedición. Los dos últimos fueron encarcelados, mientras al entonces aún jefe de los Mossos quedó en libertad con medidas cautelares después de que sus explicaciones sobre la actuación aquel día no convencieran ni a la Fiscalía ni a la magistrada.

En su versión, Trapero aseguró que no pudieron organizar un dispositivo para dar cobertura a la Guardia Civil porque la primera noticia de las detenciones y registro la recibieron “ a través de los medios de comunicación” y que a los Mossos no les llegó el primer informe de la Guardia Civil hasta veinte minutos después de iniciada la Operación Anubis.

El ya exjefe de la policía catalana aseguró que abrir un pasillo frente a la Consejería de Hacienda para facilitar la salida de la veintena de guardias civiles asediados –como le pidieron en seis ocasiones, según un informe del Instituto armado- hubiera sido un error. “Pensamos que riesgo hubiera habido [para la gente] si nosotros empezamos a utilizar la fuerza”, aseguró tras lo que destacó que los guardias civiles rechazaron tres planes alternativos que les plantearon para abandonar el edificio.

Esta versión ha sido este viernes corroborada por Ferran López y los otros tres mossos que han declarado ante la juez Lamela. Según fuentes jurídicas, todos ellos recalcaron que la decisión que adoptó Trapero era la correcta para evitar males mayores, y que contó con el respaldo de los mandos que aquel día estaban en el Centro de Coordinación (CECOR). Los dos agentes antidisturbios que han comparecido también han destacado que el uso de cargas policiales no hubieran sido oportunas. Ninguno de ellos aportó nueva documentación a la causa.

Investigación frustrada

La declaración de Ferrán López se produce dos semanas después de que la juez Lamela rechazase una petición de la Policía Nacional –apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional- de investigar su correo electrónico dentro de la misma causa. El 29 de octubre –un día antes de que el Ministerio del Interior lo nombrara máximo responsable de los Mossos en sustitución del imputado Trapero- los agentes entregaron un informe sobre la supuesta inacción de la policía catalana durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre en el que reclamaban el volcado del correo electrónico oficial de Ferran López.

Los agentes justificaban su solicitud de acceder a los mensajes electrónicos del nuevo jefe de la policía catalana en la existencia de un mensaje electrónico recogido en un informe del que supuestamente se infería que en aquellos días Ferran López —quien como jefe de Coordinación Territorial era el número dos de Trapero— había tomado “iniciativas […] contrarias a lo dispuesto por la Fiscalía Superior de Cataluña” para impedir la celebración de la consulta. Los agentes reclamaban el volcado de todos los correos entrantes y salientes de la dirección oficial de Ferran López entre el 7 de septiembre y el 10 de octubre para intentar “confirmar las comunicaciones habidas a través de la cuenta de correo” de este mando policial “con otros actores que pudieran secundar dichasinstrucciones”, en referencia a unas supuestas órdenes para no actuar en la jornada electoral. Pese al apoyo de la Fiscalía, Lamela rechazó la diligencia.